La situación migratoria en Estados Unidos se mantiene tensionada con dramáticas escenas de buses con decenas de migrantes enviados a Nueva York y Chicago, mientras que la Corte Suprema decidió congelar el fin del Título 42, norma que permitía la expulsión de migrantes que llegan a la frontera con México.

Numerosos migrantes fueron mandados en buses a Chicago y Nueva York durante la noche del lunes desde El Paso, frontera sur de EE.UU. en Texas, horas después de que el Supremo ordenara mantener la normativa sanitaria conocida como Título 42.

Desde abril de este año, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado docenas de buses con migrantes hacia ciudades en el norte del país, con el objetivo de presionar al presidente Joe Biden y endurecer las políticas migratorias.

En este contexto, la alcaldía de El Paso, Texas, que limita con Ciudad Juárez, anunció que mantendrá el estado de emergencia, declarado por el alcalde ante lo que se esperaba fuera el fin de la regla, que permite la expulsión de la mayoría de inmigrantes que llegan a EE.UU. por tierra.

Las autoridades locales y federales esperaban que la suspensión de la norma, impuesta por el Gobierno de Donald Trump, tuviera como consecuencia un aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera.

Incertidumbre

La petición ante la Suprema fue presentada por 19 estados argumentando que el levantamiento del Título 42, previsto para la jornada de hoy, iba a provocar "un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular".

Las autoridades locales y federales esperaban que la suspensión de la norma, impuesta por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y mantenida por el actual mandatario, el demócrata Joe Biden, tuviera como consecuencia un aumento en el número de inmigrantes que llegan a las ciudades fronterizas.

El Tribunal Supremo debe decidir en los próximos días si mantendrá en pie o no el Título 42 mientras una corte en menor instancia analiza el caso.

Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2,7 millones, según datos del International Rescue Comittee.

Nada de lo que pasó el 6 de enero de 2021 hubiera sucedido sin Donald Trump, aseguró el comité legislativo que investiga esos hechos y que en vísperas de publicar hoy su informe final dejó claro que el ex Presidente debería ser procesado, estrechando así el círculo judicial en su contra.

Al exmandatario fue hallado culpable de cuatro delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a Estados Unidos y conspiración para presentar falsos testimonios electorales al Congreso y los Archivos Nacionales.

Hay que destacar que sus recomendaciones al Departamento de Justicia no son vinculantes y el comité no tiene potestad para imputar, pero el Departamento de Justicia ya lleva a cabo su propia investigación.

La acusación del comité tiene una importante carga simbólica, porque es la primera vez que un comité parlamentario sugiere hacer responsable penalmente a un ex Presidente.

"Las recomendaciones también tienen relevancia para la opinión pública. Es algo inmenso que un comité legislativo acuse formalmente a un ex Presidente de cometer delitos, especialmente cuando ese comité incluye a miembros de su partido político", explica Rick Hasen, profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El comité, formado en julio de 2021, está integrado por siete legisladores demócratas y otros dos republicanos: Liz Cheney y Adam Kinzinger.

El Departamento de Justicia no está forzado a contestar y al estar investigando ya lo sucedido el principal beneficio de las conclusiones aportadas es que faciliten pruebas que podrían resultar útiles para un eventual procesamiento.

Pruebas, según añade Rick Pildes, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Nueva York, que el Departamento de Justicia no haya obtenido a través de sus propias pesquisas. Desde ese departamento declinaron hacer comentarios a agencia Efe.

Mil entrevistados

El informe final del comité se conocerá hoy, pero su resumen ejecutivo, de 154 páginas, no deja lugar a dudas: la causa en última instancia del 6 de enero de 2021 fue Trump, "al que muchos otros siguieron".

Ese día, unas 10.000 personas, la mayoría seguidores del entonces presidente republicano, se manifestaron frente al Capitolio y cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria del demócrata Joe Biden. Hubo 5 muertos y 140 agentes heridos.

El comité entrevistó a 1.000 personas, hizo 10 audiencias públicas, la última de ellas este lunes, y citó a unos 100 testigos implicados de forma directa o indirecta.

Adelanto del informe

En una conclusión resumida en 17 puntos, el comité acusa, entre otras cosas, a Trump de difundir a propósito falsas alegaciones de fraude electoral con la intención de anular las presidenciales de noviembre de 2020, que Biden ganó.

Asegura que Trump se negó a aceptar el resultado de esos comicios y conspiró para anularlo. Además, y pese a saber que era ilegal, el comité considera que presionó al entonces vicepresidente, Mike Pence, para que se negara a certificar el recuento de votos.

El comité también cree probado que Trump intentó corromper al Departamento de Justicia buscando declaraciones falsas. Además, acusa que presionó a legisladores y agentes estatales para que cambiaran resultados y supervisó el esfuerzo para obtener y entregar al Congreso certificados electorales falsos.

El Gobierno peruano, presidido por Dina Boluarte, nombró al general David Ojeda Parra como nuevo comandante general del Ejército, tras la renuncia de Walter Córdova, acusado de corrupción y un escándalo en la residencia militar que ocupaba, mientras que ya suman 26 los fallecidos en las protestas.

El nombramiento de Ojeda se produjo a escasos días antes de los habituales cambios de mando en las Fuerzas Armadas, que suele realizar el jefe de Estado a fin de año.

El nuevo comandante general reemplaza en el puesto al general Córdova, que renunció al cargo el 7 de diciembre, día en que el ex Presidente Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso y que gobernaría por decreto, siendo destituido y detenido por el delito de rebelión.

Desde ese día, Perú registra intensas y violentas protestas. En ese contexto, al menos una persona murió en enfrentamientos que se produjeron el lunes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la región de Arequipa, lo que elevó a 26 el total de muertos en Perú desde el inicio de las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones.

En ese sentido, el pleno del Congreso peruano aprobó ayer debatir el proyecto de adelanto de elecciones generales para 2023, tal como solicitó el Ejecutivo peruano, después de una votación previa en la que se rechazó esa iniciativa.

Hasta el cierre de esta edición, la moción seguía siendo discutida tras un aplazamiento de varias horas.

En paralelo, los abogados, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, anunciaron que dejaron la defensa del exmandatario en una decisión tomada de forma conjunta con Castillo, si bien no desvelaron las razones por las que adoptaron la decisión.

En tanto, el Gobierno de México confirmó que el país otorgó asilo político a la familia del ex Presidente en su sede diplomática en Lima.