Chile cumplirá esta semana 90 días sin fiscal nacional titular, es decir, carente de liderazgo en la persecución del delito mediante la gestión del Ministerio Público, tras el rechazo en dos oportunidades del candidato elegido por el Presidente Gabriel Boric. La Corte Suprema, que presenta los candidatos al Mandatario, ayer decidió no realizar otro concurso público para una nueva quina, sino que sólo rellenar el nombre faltante. Hace unos días se conoció que Boric llamó a su presidente para solicitar lo contrario.

A las 08:30 horas de hoy se reunirá el pleno del máximo tribunal para determinar quién será el nuevo integrante de la quina que enviará al Mandatario, nombre que saldrá de entre ocho postulantes cuyas exposiciones ya escuchó la Corte y no han sido seleccionados, a lo que se añade la renuncia de dos candidatos.

Esta es la tercera vez que se inicia el proceso, después del rechazo de José Morales y Marta Herrera, quienes no obtuvieron el respaldo necesario en el Senado para ser ratificados, hecho inédito en el Ministerio Público.

La instancia permanece a cargo del fiscal nacional (s) Juan Agustín Meléndez desde octubre, cuando terminó el periodo de Jorge Abbott. El persecutor jefe de la Región de Los Ríos, además de Carlos Palma, Ángel Valencia y Nayalet Mansilla, esperan a la última incorporación para completar la quina, que saldrá de entre Emiliano Arias (fiscal regional de O'Higgins), Eugenio Campos (fiscal regional de Magallanes), Esteban Celis (abogado de la U. de Chile), Érika Maira (abogada de la UC), Patricia Muñoz (defensora de la Niñez), Iván Pavlov (abogado U. de Concepción), Ricardo Peña (fiscal adjunto metropolitano Centro Norte) y Nelly Salvo (secretaria general de la Contraloría).

Llamadas al juez

Altos funcionarios de la Suprema revelaron hace unos días que Boric llamó dos veces al presidente del tribunal, Juan Eduardo Fuentes, para hablar sobre la elección de candidatos para dirigir la Fiscalía, ya que la intención de La Moneda era abrir un nuevo concurso público.

Con "sorpresa y perplejidad" fueron recibidos estos "telefonazos" por el líder de la Corte Suprema, señalaron a El Mercurio los funcionarios, mientras que el Presidente fue cuestionado por una eventual intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, división básica para las democracias modernas.

La ministra vocera, Camila Vallejo, minutos antes de conocerse la decisión de la Suprema, afirmó ayer que "sería preocupante que ante una situación inédita que hemos tenido que atravesar, las cabezas de los distintos poderes no se comunicaran".

En La Moneda "vamos a estudiar y referirnos al respecto cuando termine y se cierre este proceso de manera definitiva, porque creemos que de lo contrario se puede contaminar el debate", agregó la secretaria de Estado en referencia a la idea de cambiar el procedimiento para nombrar al fiscal nacional en el futuro.

El senador demócrata Matías Walker señaló en Radio Duna que "el Gobierno sabe que hay nombres dentro de la quina, como (Miguel Ángel) Valencia (cuestionado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por su trabajo como defensa ante delitos de género), (Juan Agustín) Meléndez y (Carlos) Palma, que tienen los votos para ser ratificados. No entiendo la renuencia del Gobierno de enviar nombres que sí tienen piso político". Al Ejecutivo "y al comité político le ha faltado entender la naturaleza de esta designación, de que requiere un acuerdo con el Senado, así lo dice el ordenamiento jurídico".

"El Gobierno sabe que hay nombres como Valencia, Meléndez y Palma, que tienen los votos para ser ratificados".

Matías Walker, Senador Demócratas

La comisión de Constitución del Senado aprobó ayer el comienzo de la reforma que abre un nuevo proceso constituyente, luego del acuerdo firmado por los partidos políticos acerca de las bases que regirán la redacción del proyecto. A las horas, el Partido Republicano ingresó 15 indicaciones al proyecto, cuya discusión podría alargar el debate. "Pretendemos despachar la reforma constitucional la próxima semana", dijo el senador Matías Walker.

El 14 de enero sería la fecha límite para la publicación de la reforma constitucional, 120 días antes del 14 de mayo, cuando se prevé realizar la elección de los 50 integrantes del órgano redactor. Al cierre de esta edición, miembros del Senado declinaron llamar a votación el 14 de mayo, debido a que la fecha coincide con el Día de la Madre, lo que cambiaría el calendario.

El senador republicano -colectividad que se restó de los diálogos en el ex Congreso -Rojo Edwards, sin embargo, presentó ayer 15 indicaciones al acuerdo, las que incluyen un plebiscito de entrada el 14 de mayo, en que la ciudadanía decida si iniciar o no la escritura de una nueva Constitución.

La iniciativa también busca que el quórum para que la Cámara y el Senado elijan a los integrantes de la Comisión Experta sea de 2/3 y no 4/7, lo mismo que el quórum para elegir a los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad; y el mismo requisito para votar el reglamento del Consejo Constitucional.

Otro tema de discusión fue que la reforma hoy no contiene una norma de clausura explícita, es decir, que no hay ninguna instrucción en caso de que gane el Rechazo en el próximo plebiscito de salida. Por esto, Edwards dijo que si la propuesta "no fuere ratificada, continuará vigente la presente Constitución y durante el transcurso de un año desde dicho plebiscito, no podrá presentarse proyecto alguno que tenga como idea matriz la creación de un procedimiento para la elaboración de una nueva Constitución".

La comisión del Senado indicó que recibirá hasta las 12:00 horas de hoy nuevas indicaciones, las que serán votadas a lo largo de mañana miércoles.

"cumplir la palabra"

El presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (PL), dijo a radio Cooperativa que "siempre va a haber espacio en el Congreso de que existan propuestas de mejoras, por la diversidad de fuerzas políticas. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que lo que se firmó se va a aprobar, y creo que la gran mayoría, no puedo poner las manos al fuego por todos, va a cumplir la palabra empeñada" en el acuerdo, por lo que "hago un llamado a que cumplan la palabra empeñada".

El diputado fue vocero del Apruebo en el plebiscito de septiembre, donde "la gente rechazó un tono, cierto estado de ánimo, un relato y una estética".

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que ante la modificación constitucional que abre el proceso "es el Congreso el que tiene que resolver estas disyuntivas y estas discusiones. Nosotros no vamos a intervenir, no vamos a imponer nada".