Anoche, al cierre de esta edición, crecían las tensiones en el norte de Kosovo, donde los serbios locales mantienen los bloqueos de carreteras desde el pasado 10 de diciembre luego que el Ejército de Serbia elevara el nivel de alerta tras las amenazas en Pristina de eliminar a la fuerza las barricadas.

Durante la noche del lunes, los serbios instalaron otras dos barricadas, esta vez en la dividida ciudad de Mitrovica, una de las cuatro localidades donde se concentra la minoría serbia en el norte de Kosovo, limítrofe con Serbia.

Una frágil situación de seguridad reinaba en la zona, donde en la noche del domingo se registraron disparos, aunque hasta el momento se desconocen detalles.

De esta forma, Serbia había puesto a su Ejército en el máximo nivel de alerta de combate ante las crecientes tensiones, después de responsabilizar al Gobierno kosovar de la escalada en torno a las protestas de los serbokosovares.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, aseguró que estaba haciendo esfuerzos, también internacionales, para rebajar la tensión, pero defendió como legítimos los bloqueos de carreteras.

También acusó a la comunidad internacional de tolerar lo que considera es un intento del Gobierno kosovar de expulsar a la minoría serbia del territorio.

Presos

Para retirar las barricadas, los manifestantes exigen la puesta en libertad de los expolicías serbios arrestados bajo acusación de crímenes de guerra las últimas semanas, detenciones que la minoría serbia denuncia busca sólo intimidarlos.

Asimismo, exigen la retirada de las unidades de la policía especial enviada por Pristina al norte, e insisten en que su despliegue viola los acuerdos de normalización, logrados con mediación de la Unión Europea (UE), que dejan las competencias policiales a los serbios.

La tensión entre Pristina, por un lado, y la población serbokosovar y Belgrado por el otro, crece desde hace meses, y estalló con la detención de varios agentes serbios que abandonaron la Policía kosovar en noviembre, junto con otros representantes serbios que se retiraron de las instituciones de Kosovo.

Pristina advirtió que si la misión KFOR de la OTAN no elimina el bloqueo de las carreteras, lo harán sus agentes en los próximos días.

A partir del 1 de febrero de 2023 Rusia prohibirá la exportación de petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios de su crudo, luego que el presidente Vladimir Putin firmara ayer un decreto al respecto.

La medida, que responde al tope de 60 dólares por barril impuesto al petróleo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia debido a la campaña militar rusa en Ucrania, se aplicará hasta el 1 de julio.

En el caso de los productos derivados del combustible fósil, la fecha en la que se introducirá la prohibición la decidirá el Kremlin, aunque no será nunca antes de febrero próximo.

Asimismo, el decreto precisa que Rusia no cumplirá con los suministros de petróleo con destino a personas físicas o jurídicas en casos de contratos que incluyan "de manera directo o indirecta" mecanismos de fijación de límites al precio.

"La prohibición se aplicará durante todas las fases del suministro hasta el comprador final", reza el documento.

El decreto señala que las medidas se adoptan "debido a las acciones inamistosas y que se contradicen con la legislación internacional" adoptadas por EE.UU., países extranjeros y otras organizaciones.

Añade que el objetivo del la resolución es salvaguardar los intereses nacionales de Rusia.

A su vez, especifica que el presidente ruso se reserva la posibilidad de introducir excepciones a través de una "decisión especial".

Atavismo

La semana pasada Putin calificó el tope de los precios como "un atavismo colonial", aunque negó que Rusia vaya a perder dinero por ello. "Están acostumbrados a robar. Pero el mundo ha cambiado y difícilmente lo lograrán hacer hoy en día", dijo.

Además, advirtió de que limitar artificialmente los precios puede "destruir" el mercado energético internacional, ya que una reducción de la inversión en el sector puede reducir los suministros, lo que haría que los precios se disparen, con lo que pagarían precisamente los que quieren introducir dichos mecanismos.

Cabe señalar que Rusia advirtió, previamente, que podría reducir la extracción de petróleo entre 5 y 6% a comienzos del próximo año.

"Estamos dispuestos a reducir parcialmente las extracciones. A principios del próximo año nuestra reducción puede ser de entre 500.000 y 700.000 barriles diarios", dijo el viceprimer ministro ruso, Alexandr Novak, a la televisión pública rusa.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo que Kiev debe cumplir las exigencias de Moscú o, de lo contrario, de ello se ocupará el Ejército ruso. "Las propuestas de desmilitarización y desnazificación de los territorios bajo el régimen (de Kiev), y la eliminación de las amenazas a la seguridad de Rusia desde allí (...) son bien conocidas por el enemigo", dijo el jefe de la diplomacia rusa, citado por la agencia TASS.

Lavrov agregó que ahora "el asunto es simple": las exigencias se cumplen "por las buenas" o de ello de ocupa el Ejército ruso.

En cuanto a la continuidad del conflicto, "la pelota está en el campo" de Kiev y de Washington, que está detrás del Estado ucraniano, señaló.

El fin de semana el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que el Kremlin estaba listo para "negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables" en Ucrania. "No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", aseguró el líder ruso.

L a venezolana María Teresa Belandria, "embajadora" del líder opositor Juan Guaidó en Brasil, confirmó ayer el "cese de sus funciones", cinco días antes de la investidura del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

"De conformidad con el artículo 43, literal a, de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, esta misión notificó al estado receptor, la República Federativa de Brasil, el cese de sus funciones. Fue un honor y un privilegio servir a mi país", escribió Belandria en sus redes sociales.

Belandria fue designada "embajadora" a mediados de 2019, poco después de que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, reconoció a Guaidó como "presidente legítimo" de Venezuela, tras su autoproclamación en enero de ese mismo año.

Durante su estancia en Brasil, denunció al Gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura" y cooperó con los venezolanos que han migrado al país, que se calcula que han sido unos 300.000 durante los últimos cuatro años.

La decisión de "cesar" sus funciones estaba tomada desde la victoria en las elecciones de octubre de Lula, quien incluso antes de imponerse en las urnas a Bolsonaro había anticipado que, en caso de llegar al poder, le retiraría el estatus diplomático a la representante de Guaidó.

Lula designó como futuro ministro de Relaciones Exteriores al diplomático Mauro Vieira, quien hace 11 días confirmó que, el 1 de enero, tras la investidura, Brasil restablecerá las relaciones con el Gobierno venezolano.

Según Vieira, el primer paso será enviar a Caracas a un encargado de negocios, a fin de "reabrir la embajada", que fue cerrada por Bolsonaro, y luego será nombrado "un nuevo embajador".

Aclaró que las relaciones diplomáticas serán restituidas con "el Gobierno que fue elegido" por los venezolanos, que "es el de Nicolás Maduro".