Dos accidentes, uno fatal, ocurrido

en el Kilómetro 50 del camino a San Nicolás, puso en la palestra la seguridad en esta transitada vía.

Para Víctor Reyes, alcalde de San Nicolás, comuna en la que está este trayecto consderado peligroso, los hechos se "deben a la imprudencia de los automovilistas",

Refuerzan fiscalizaciones

móviles ante alza casos

Jefe de la Defensa sostuvo que personal asignado a estas tareas irá cambiando de lugar. El fin de semana se cursaron cerca de 200 infracciones. De esta forma, se espera reducir la movilidad y ayudar a frenar los nuevos contagios que ayer sumaron 126,

según informó el Ministerio de Salud.

Inquietud por alza de casos

a poco de la vuelta a clases

Pese a que valoran que alumnos puedan volver a la presencialidad en sus colegios, apoderados están en alerta ante aumento de los contagios por covid-19 y el retroceso de fase. Inicio del año escolar está programado para el 2 de marzo con presencialidad obligatoria, pero padres y docentes aguardan lo que señale la autoridad.

Tras la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (Paes), surgen inquietudes sobre los ajustes, adecuaciones y apoyos propuestos por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) para resguardar la igualdad de oportunidades en su rendición para las personas en condición de discapacidad, especialmente auditiva e intelectual.

Estas son acciones externas, asociadas al acceso a la información, no sobre el contenido de la prueba (sala y examinador individual, leer solo las instrucciones, intérprete en lengua de señas, entre otras). El contenido sigue siendo igual para todos, sin considerar que la mayoría de las personas en situación de discapacidad cursaron su educación escolar con adecuaciones curriculares (AC), por tanto, nunca alcanzarán la cantidad de contenidos por la que se consulta en la prueba. Las AC, personalizada y particular para cada estudiante a través del Programa de Adecuaciones Curriculares Individuales (PACI), implican priorización de contenidos, que pueden disminuir al 50% o más del currículum correspondiente al curso. Por tanto ¿Cómo se espera que puedan responder como el resto de los estudiantes si no conocen la totalidad de los contenidos?

Las estadísticas para este segmento (Memoria 2021 Demre), demuestran el resultado de los ajustes externos: 1.957 personas en situación de discapacidad rindieron la prueba con ajustes de 2.328 inscritos, 850 obtuvieron como promedio sobre 450 puntos entre Lenguaje y Matemática, solo un 44% quedó habilitado para postular y el 29% fue seleccionado.

Los ajustes son solicitados por los profesores de educación diferencial de los Programas de Integración Escolar (PIE) del colegio y las respuestas del Demre son acordes al tipo de discapacidad y estándar, no personalizadas. Si bien existen estos ajustes, lo particular depende de los examinadores y jefes de local, quedando a criterio de personas que no siempre conocen las características de los estudiantes y se apegan a las indicaciones.

En síntesis, existe un nudo crítico para los estudiantes en situación de discapacidad permanente respecto de los contenidos a examinar, porque cada PACI es particular y único, no hay generalización. Por tanto, los ajustes deben ser acorde a lo conocido para cada postulante, teniendo como base lo general y tipificado actualmente. Además, las directrices para los examinadores y jefes de local deben ser más abiertas y que dependan de lo que solicita el estudiante y los PIE de cada establecimiento.

Pamela Herrera-Díaz

académica investigadora Pedagogía en Educación Diferencial, UDLA sede Viña del Mar

El robo de cables de telecomunicaciones y de electricidad es un delito que afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.

El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicadas a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.

Este delito aumentó de manera explosiva a nivel nacional durante el año 2022, registrándose más de 22 mil hechos, que afectaron los servicios de más de dos millones de personas. Esto significa que cada día se registró un promedio de 60 delitos de robo de cables. El hurto de este tipo de material casi se duplicó el año pasado, transformándose en el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado.

La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados. Por ello, en las reuniones de las mesas de trabajo se realizan diagnósticos; se buscan los puntos críticos en los que se producen los robos y se analizan los destinos que pueda tener el material robado.

Estos delitos no solo implican que las personas queden sin suministro eléctrico sino también la interrupción de servicios públicos que son importantes para la ciudadanía.

De acuerdo con la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de Internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, el tipo de infraestructura de telecomunicaciones más afectada por los actos vandálicos judicializados es el robo de cables de cobre (68,7%), seguido por la fibra óptica (20,6%), baterías (6,4%), y otros como cerco perimetral y generadores.