Redacción

La delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, confirmó el fallecimiento de un hombre de nacionalidad belga de más de 70 años, quien estaba con parte de su cuerpo quemado producto de los incendios que azotaron a la zona centro-sur del país.

"Es una persona que estuvo en el incendio de Santa Juana, conocido como Santa Ana, que resultó muy quemado, estaba internado en el hospital hace varias semanas y resultó fallecido por los daños que sufrió", explicó la autoridad.

El hombre estuvo 25 días internado en el Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente y su vivienda había quedad completamente destruida por las llamas.

Con el último fallecido, el número de decesos producto de los incendios forestales que comenzaron el 2 de febrero llegó a 26.

El denominado incendio de Santa Ana dejó 19 fallecidos y consumió en total 74.101 hectáreas, convirtiéndose en el más cuantioso desde que comenzó la emergencia y el segundo más grande en la historia de Chile. Recién el lunes, 25 días después del inicio del fuego, fue controlado.

Según el último balance del Senapred, hasta ayer se mantenían 171 incendios activos, mientras que 19 están en combate, una de las cifras más bajas desde el inicio, y 140 está controlados.

A lo largo de la zona centro-sur de Chile ya van más de 440 mil hectáreas consumidas, mientras que 2.410 viviendas fueron destruidas y las cifras oficiales apuntan a 7.657 damnificados.

50 detenidos

En un balance de Carabineros se informó que ya van 50 personas detenidas por su presunta participación en incendios forestales en la zona centro-sur del país.

El director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Enrique Monrás, aseguró que "todos ellos siendo investigados para determinar su responsabilidad en este tipo de hechos", señaló el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Enrique Monrás.

Según los datos entregados, el 98% de los aprehendidos son chilenos y adultos, mientras que el 2% restante son extranjeros.

Por otro lado, "respecto a las zonas que están en esta condición especial (estado de catástrofe), hay 735 conducidos en toque de queda".

Además, se han entregado 40.505 salvoconductos por toque de queda y 304.097 por combustible.

Esta semana los medios, incluso los más serios, se han ocupado de divulgar o comentar una supuesta relación amorosa entre un exfutbolista y una diputada que la cónyuge del primero hizo pública.

El incidente vuelve a plantear el viejo problema del derecho a la privacidad.

En sentido estricto, el derecho a la privacidad supone reconocer a cada persona la facultad de decidir qué parte de su vida, sexual o social, debe ser conocida de los demás. Es, de alguna forma, un derecho al secreto, a que ciertas cosas sean mantenidas en la esfera de la intimidad de cada uno. Este derecho es extremadamente importante. Para mostrarlo basta decir que las personas gradúan el grado de cercanía o de confianza con los demás por la disposición a revelarles partes de su vida que, de otra forma, ignorarían. De ahí entonces que violar o infringir la privacidad ajena es un grave atentado a la libertad: sin secretos, sin una zona de su vida que sea opaca, el individuo queda expuesto y desnudo ante los otros.

Sin embargo, el nivel de protección de ese derecho varía en atención a algunos factores que la legislación -y el sentido común- contemplan.

Desde luego, hay casos en que el interés público aconseja que el nivel de protección de la privacidad disminuya. Este es, paradigmáticamente, el caso de quien desempeña un cargo público. Algunos ejemplos permiten aclararlo. Si una persona cualquiera está gravemente enferma o desahuciada, es cosa suya y de sus cercanos; pero si se trata de un candidato presidencial la ciudadanía tiene derecho a saberlo a la hora de votar o de evaluarlo. Algunos ejemplos lo muestran. Perón estaba enfermo cuando postuló a presidente junto con su mujer Isabel. Como eso se ocultó, la ciudadanía no supo que cuando votaba a Perón en realidad estaba dando el poder a quien sería su viuda, Isabel. También sería el caso de un político con serios problemas de salud mental. Tampoco tendría derecho a ocultarlo esgrimiendo su privacidad puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber si es o no competente para el cargo. Esa es la razón de por qué Jaime Bayly hizo lo correcto cuando le preguntó en cámara a Alan García si era verdad que había estado interno por problemas siquiátricos (luego, y desgraciadamente, Bayly debió ganarse la vida fuera del Perú). Y esta es la razón de porqué la prensa actúa mal cuando, habiendo antecedentes, no inquiere acerca de este tipo de asuntos a quienes desempeñan cargos públicos.

Quien aspira a ser pastor debe estar dispuesto a que el rebaño lo interpele y lo vigile.

¿Significa lo anterior que la prensa tiene derecho a divulgar relaciones íntimas de una diputada con un exfutbolista? La respuesta no es tan sencilla. Y la razón es la siguiente. Si el futbolista ha hecho de su vida privada una mercancía que voluntariamente expone ante los medios, entonces más tarde él no puede quejarse de que lo que haga con su vida sea divulgado. Y lo mismo vale para la diputada. Si ella ha expuesto voluntariamente su vida a los medios, y la ha ofrecido como parte de su imagen, o como parte de los atributos con que construye su imagen para ganarse la confianza del público, o para mostrar coherencia entre su discurso y su vida, entonces tampoco puede sostener más tarde que su derecho a la privacidad se ha invadido cuando ella voluntariamente practicó las revelaciones de las que ahora se queja.

El problema se complica aún más por la presencia de las redes sociales. Los políticos y las figuras televisivas gustan de mostrar en las redes partes de su vida o comentar la de otros, movidos por el anhelo neurótico de lograr la aprobación o el reconocimiento ajeno. Impulsados por el anhelo de estar presentes, envían mensajes y comentarios de distinta índole acerca de los demás, o alimentan rumores acerca de si mismos con el fin de incrementar su popularidad, y de esa forma deterioran la frontera donde comienza la privacidad.

Y luego, claro, no pueden quejarse de que incidentes de su vida salgan de la única esfera -la propia- donde poseen verdadero significado.

A pesar de que habían proyecciones negativas para la economía chilena, el Índice de Producción Industrial (IPI) de enero de este año sorprendió con un repunte debido al aumento de 0,5% en doce meses.

Esto se dio debido a que los tres sectores que componen la estadística tuvieron incidencias positivas y, según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con esto se cortó una racha de siete retrocesos consecutivos.

El informe señaló que el Índice de Producción Minera (IPMin) fue el más influyente en el resultado del IPI luego de crecer 2,9% en relación a enero de 2022. Aportó 1,165 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial y fue consecuencia de la mayor actividad registrada en minería metálica por un incremento en la extracción y procesamiento de cobre.

En tanto, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) incrementó 0,5% en doce meses y contribuyó 0,065 puntos porcentuales a la variación del IPI. En este caso, las tres actividades que componen el IPEGA presentaron alzas, sobre todo la electricidad.

Por último, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) marcó un descenso de 1,6% respecto a enero del 2022 y significó una variación negativa de 0,761 puntos porcentuales en el IPI. En esta materia hubo una baja interanual en fabricación de sustancias y productos químicos.

En cuanto al Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes mostró una disminución interanual de 7,1% en enero de este año, marcado por la baja en dos de sus tres divisiones.

Comercio al por menor, sin contar vehículos automotores y motocicletas, fue el que más impactó con una caída de 11,4%, mientras que comercio al por mayor, con la misma excepción, se redujo en 6,5%.

Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas marcó un alza de 5,1%, según el INE.