Afines de septiembre ingresó el Proyecto de Ley de Presupuestos del 2024 para su trámite en el Congreso durante los dos meses siguientes. La discusión de este año es especialmente relevante debido a: los delitos que se investigan relacionados con el financiamiento a las fundaciones; el cumplimiento del balance estructural (BE); el crecimiento del Estado; el uso de los recursos del litio; y la eficiencia en el gasto público.
La información conocida hasta el momento genera preocupaciones respecto al tratamiento de estos temas. Del análisis del proyecto de Ley de Presupuestos 2024, surgen una serie de dudas sobre si se cumplirán las metas de balance estructural, contención de la deuda pública y cuánto aportará a la reactivación económica. Las numerosas demandas sociales y la necesidad de volver a crecer hacen que el cuánto y cómo se gasta sea especialmente relevante.
Se requiere de mayor transparencia y discusión para disipar estas inquietudes, lo cual se dificulta por el corto tiempo de tramitación. Sin duda la expansión del gasto en un 3.5% hace pensar que habrá un aumento en inversión para paliar la creciente cesantía. Pero este presupuesto es un reactivador económico?. La verdad es que no lo es, el gasto de capital cae -1,5% en esta ley de presupuesto 2024, debido al casi nulo crecimiento del componente inversión (+0,1%) y a la caída del componente de transferencias de capital (-2,9%).
En particular, destaca el nulo crecimiento del gasto asignado al MOP. Este gasto es importante, ya que amplía la capacidad productiva de la economía al potenciar la productividad del sector privado. En un contexto de estancamiento económico como el actual, el gasto en capital se vuelve más relevante aún. Por tanto, el presupuesto 2024 no es reactivador. Adicionalmente, este tipo de gasto requiere de especial monitoreo para que se cumpla lo presupuestado, ya que desde hace más de una década que se observa persistentemente una sub ejecución del gasto en capital. En el contexto de la política fiscal actual y la de mediano plazo que se deduce de la programación financiera, la cual va a ser aplicada por una nueva administración a partir del 2026, se requiere de una discusión más transparente.
La información entregada con la ley de presupuesto 2024 muestra un gobierno orientado a aumentar de tamaño, pone en riesgo el cumplimiento de la senda de convergencia fiscal, no establece mecanismos claros de ahorro, no contiene políticas reactivadoras reales, y no establece una estrategia real para avanzar en un gasto público más eficiente. De más estás decir, que esto último es un compromiso de la propia autoridad fiscal en el marco de la nueva discusión del Pacto Tributario.