Agenda de seguridad pendiente
Es importante que los propios usuarios de los dispositivos electrónicos estén informados y puedan evitar ser víctimas de este tipo de delitos. A prácticamente un año del acuerdo entre el Ejecutivo y el congreso, han terminado su trámite legislativo un total de 23 proyectos contenidos en la agenda priorizada.
El 14 de abril de 2023, el Ejecutivo, en conjunto con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, acordaron una agenda priorizada en seguridad, dada la crisis en el país en esa materia. La meta era ambiciosa: lograr aprobar 31 proyectos de ley de materias penales y de seguridad antes de fines de 2023, poniendo metas intermedias correspondientes a "en los próximos días", "75 días", "150 días" y "fin de año". El acuerdo se firmó en el contexto de los críticos días que se vivían en ese entonces: en 23 días habían muerto 3 carabineros en servicio.
La semana previa, el 6 de abril, un día después de la muerte de un suboficial de Carabineros, se promulgaba la Ley Naín Retamal, de gran importancia para la protección de las policías en su actuar, pero quedaba claro que no solo bastan eximentes de responsabilidad para una persecución efectiva del crimen, sino una gama más amplia de herramientas e instituciones que ayuden en la prevención y disuasión del delito.
Hoy, a prácticamente un año del acuerdo entre el Ejecutivo y el congreso, han terminado su trámite legislativo un total de 23 proyectos contenidos en la agenda priorizada. Es decir, tres meses después del vencimiento del plazo, el fast-track ha logrado un 74% de la meta. Dentro de las iniciativas aprobadas destaca la sanción a los actos preparatorios en el sicariato, la nueva Ley de Usurpaciones, la sanción por daños al transporte público, la tipificación del porte de combustible en contexto de una manifestación, la Ley que modifica los requisitos de llamado en Carabineros de Chile, la nueva Ley Marco sobre Ciberseguridad, la nueva Ley sobre Seguridad Privada y la que crea la Fiscalía Supraterritorial.
Las últimas tres representan reformas de gran relevancia, pero cuyas herramientas no entran todavía en plena vigencia. Tanto la Ley de Ciberseguridad como la de Seguridad Privada requieren de la dictación de reglamentos que están pendientes. Por su parte, la creación de la Fiscalía Supraterritorial todavía requiere que se dicte una Ley Orgánica Constitucional para su implementación. Está en manos del Gobierno acelerar la implementación de esas medidas que serán un apoyo al combate del crimen organizado y a la coordinación del trabajo de las policías con la seguridad privada.
Pasados tres meses de dicha fecha límite, quedan pendiente algunos de los proyectos más relevantes para asegurar la tranquilidad de la población. Por ello, es fundamental que el Gobierno trabaje en tres frentes. Primero, asegurar la rápida implementación de las herramientas que ya fueron aprobadas pero que requieren de reglamentos u otros proyectos de ley para entrar a regir. Segundo, terminar la tramitación de aquellas iniciativas que quedaron pendientes en base a las directrices planteadas mencionadas. Solo así se asegura que la nueva institucionalidad y las atribuciones de las policías logren el impacto deseado.
Finalmente, no deben olvidarse otros proyectos de ley que abordan importantes problemáticas, pero que no fueron parte de este paquete priorizado de medidas. Entre ellos se encuentran las normas que regulan el resguardo de la infraestructura crítica del país, la referida a la protección de zonas fronterizas y la creación de los tribunales de ejecución de penas.