Mauricio Mondaca

La vocera de la fundación Avanza Chile y ex ministra del Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, dijo ayer que la citación realizada por el Ministerio Público a declarar en calidad de testigos a tres ex ministros de esa administración, por el proyecto de royalty minero, es un hecho "positivo", porque permitirá dilucidar "la transparencia en la tramitación del proyecto de ley" y "lo positivo que fue para Chile".

"Nos parece sumamente positivo, porque no solamente va a permitir en lo que corresponde en una democracia o un Estado de derecho como es la justicia y en este caso el Ministerio Público, poder colaborar a dilucidar la transparencia en la tramitación del proyecto de ley y la fuerza de la verdad en cada uno de los articulados de lo positivo que fue para Chile, sino que además va a permitir que no solamente en lo comunicacional esto quede claro sino que también judicialmente", comentó Pérez.

La citación

Los ex ministros Laurence Golborne (Minería), Felipe Larraín (Hacienda) y Cristián Larroulet (Segpres) deberán comparecer ante la Fiscalía en la investigación por el presunto delito de cohecho contra el ex senador y ex ministro de Economía de Piñera, Pablo Longueira.

Pérez insistió que ninguno de los tres ex ministros convocados por la Fiscalía sabían que el artículo que Longueira propuso para la ley del royalty había sido redactado por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.

"En la propia tramitación de la ley, en cualquier Gobierno, en cualquier ministerio, siempre se reciben propuestas, indicaciones, informaciones de distintos grupos, tanto de la sociedad civil como de que aquellos que sean incumbentes con respecto al proyecto de ley", aseguró.

"No teníamos conocimiento de la relación que existía entre Pablo Longueira y el señor Contesse", agregó.

Según La Tercera, el Ministerio Público espera tener las versiones de algunos subsecretarios que hayan participado de la elaboración y discusión de la normativa. Entre ellos figuran el ex subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, el de Hacienda, Rodrigo Álvarez, y la ex jefa de gabinete de Golborne, Luz Granier, entre otras ex autoridades.

Los ex funcionarios están siendo requeridos luego de que se diera a conocer el intercambio de correos entre el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y el entonces senador Longueira, cuando se definía el royalty minero.

"A diferencia de autoridades que se enteran por la prensa, (Piñera) se hace cargo absolutamente de un proyecto".

Cecilia Pérez, Vocera de Avanza Chile

US$ 3.200 millones habría recaudado la ley de royalty, según datos de la administración de Sebastián Piñera.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, desdramatizó ayer la citación de la Fiscalía a tres ex ministros del Gobierno de Sebastián Piñera para declarar como testigos por la tramitación de la ley del royalty minero. "En Chile las instituciones que realizan la denominada pretensión punitiva del Estado de manera exclusiva, el Ministerio Público (…) tiene todo el derecho de citar a las personas como imputados o como testigos como es el caso. En consecuencia, es el funcionamiento de la institucionalidad, ni más ni menos, que parece sencillo pero es muy importante", afirmó el jefe de gabinete.

Según el secretario de Estado, "cuando uno ve lo que ocurre en muchas partes del mundo cuando autoridades políticas salen a criticar las decisiones de poderes autónomos, en Chile maravillosamente eso no existe, cada uno cumple su rol. Esa es la mejor, la principal garantía para que haya transparencia, probidad para que no hay corrupción".

Arremetida oficialista

Los diputados de la Nueva Mayoría Hugo Gutiérrez (PC) y Fuad Chahín (DC) coincidieron en que los ex ministros Cristián Larroulet, Felipe Larraín y Laurence Golborne deben declarar sobre la tramitación de la ley del royalty, tras la citación de la Fiscalía.

"Me parece muy bien que la Fiscalía cite a estos ex ministros (...) que declaren bajo juramento lo que han dicho a la opinión pública, que se comprometan y se obliguen con sus dichos, porque hay muchas cosas que han dicho que son mentira", dijo Gutiérrez.

Chahín agregó que "me parece que el Gobierno, los ministros que firmaron ese proyecto tienen que darle una explicación al país. Cuál es el origen de esa norma, por qué una invariabilidad a largo plazo, cuál fue la influencia. Claramente los chilenos merecen saber cuál es la fuente de una norma tan controvertida".

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, descartó ayer que la Cancillería tenga competencia para iniciar una investigación sobre el uso de un jet privado por parte del ex presidenciable del PRO, Marco Enríquez-Ominami, en su campaña de 2013.

Si bien el ministro Muñoz dijo que aún no reciben la petición de los diputados de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, Jorge Tarud (PPD) y José Manuel Edwards (RN), quienes anunciaron que oficiarán a la Cancillería para que el embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri, recabe información sobre el tema, aseguró que "la Cancillería no investiga".

"En nuestro sistema judicial son el Ministerio Público y los jueces competentes los que investigan. Lo que hace la Cancillería, si la justicia nacional tiene un exhorto, un pedido de extradición, es tramitar esas solicitudes", afirmó el canciller Muñoz.

El secretario de Estado recalcó que "la Cancillería, de acuerdo a nuestra Constitución, no tiene ninguna competencia para investigar, son los tribunales, los Ministerios Públicos, los jueces competentes". "Si nos llegase un exhorto, una carta, un pedido de la justicia, por cierto que vamos a dar cumplimiento a esa eventual solicitud", destacó.

Ante la respuesta de Muñoz, los diputados Edwards y Tarud calificaron de "contradictorias" las respuestas del canciller.

Para Tarud, la postura de Cancillería "es contradictoria con las palabras del vocero del Gobierno, quien señaló el día anterior que este era un hecho muy grave. La primera obligación de un embajador con experiencia, cuando sucede un tema relacionado con el país, es indagar e informarse con las fuentes precisas para informar a su Gobierno. Es la tarea fundamental que tiene que cumplir un embajador".

Por su parte, el diputado Edwards lamentó la postura que ha tenido el ministro de Relaciones Exteriores en este caso, "ya que en los hechos al exigir un exhorto judicial está bloqueando la posibilidad de conocer la verdad. Los embajadores del país tienen contactos al más alto nivel, por lo tanto, tienen acceso a la información".