Agenda corta contra los abusos y la corrupción
Gran parte de la fuerza laboral depende directamente de una de ellas y el turismo se torna indispensable en la estrategia de desarrollo regional. Eliminar el plazo especial de prescripción de 2 años para los delitos de financiamiento.
Las recientes manifestaciones sociales han reafirmado un sentimiento transversal y generalizado de condena hacia los abusos de poder y ante los hechos de corrupción. Lamentablemente, durante los últimos años, hemos conocido casos emblemáticos de hechos de esta naturaleza (colusión en las farmacias y otros mercados, financiamiento irregular de la política, desfalcos en grandes instituciones). Estos hechos socavan la democracia y, por distintos motivos de índole jurídico-penal, no han implicado penas graves y ejemplificadores en contra de quienes los han cometido, generándose la sensación de que existe una impunidad en beneficio de los delincuentes cuando estos son poderosos o "de cuello blanco" .Efectivamente, hay que reconocer que nuestra legislación penal ha puesto especial preocupación en la delincuencia callejera o común, respecto de hechos como los delitos violentos o contra la propiedad. Si bien esta legislación ha sido efectiva en gran medida, aportando a la sensación de seguridad y a reducir los índices de victimización, se ha despreocupado mejorar la legislación penal en materia de delincuencia económica, "de poder" o "de cuello blanco". Las principales causas de la supuesta "impunidad" en materia de delitos "de cuello blanco" son la antigüedad del Código Penal (casi 150 años) y las escasas iniciativas legislativas para mejorar la legislación en materia de delincuencia económica y corrupción. Tomando en cuenta que se ha hecho transversal la demanda por mayor drasticidad ante los abusos de poder, que este ítem forma parte del documento que presentamos diputados de Renovación Nacional como medidas para abordar la crisis social, se propone una "Agenda Corta contra los abusos y la corrupción". Esta "agenda corta" podría ser tramitada desde ya, solicitando su fusión con otros proyectos que vayan en la misma línea, para abordar así esta problemática social. Algunas de las propuestas concretas que se plantean en el proyecto, son: Aumentar la pena del delito de colusión, estableciendo una agravante para cuando ocurra en áreas sensibles como medicamentos, alimentación, transportes o servicios básicos. Aumentar la pena en caso de delitos del mercado de valores, considerando que en el mercado de valores se invierte gran parte de los ahorros previsionales de todas las personas, se propone equiparar la pena de los delitos más graves del mercado de valores, uso de información privilegiada y manipulación bursátil (que actualmente son bajas), a la pena para el delito de colusión: de entre 3 años y 1 día a 10 años de presidio. Aumentar la pena en casos de delitos de financiamiento irregular de la política, superando la actual pena de 61 días a 3 años (la que hace imposible cualquier aplicación efectiva), pasando a ser de 3 años y 1 día a 5 años de presidio. Eliminar el plazo especial de prescripción de 2 años para los delitos de financiamiento irregular de la política. Disponer expresamente que los parlamentarios deben denunciar los delitos que conozcan en función de su cargo. Imponer la prohibición para que aquellas empresas que tengan entre sus cargos directivos, gerenciales, de control o de administración a personas condenadas por hechos de corrupción o abusos de poder, con condena vigente, no puedan contratar con el Estado o recibir concesiones de este.