El proyecto de ley antisaqueos sufrió un insólito revés en su arribo a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, luego de haber sido aprobado por una amplia mayoría de diputados en la Cámara Baja hace apenas una semana, junto al proyecto antibarricadas. Los senadores cuestionaron el texto aprobado en su primer trámite constitucional y votaron una indicación que elimina la mayor parte de su contenido, de tal modo de rehacerlo prácticamente desde cero. ¿De qué manera? A través de 91 indicaciones que fueron anunciadas para perfeccionar el texto legal.
Si bien, lo ocurrido es parte de las distintas visiones y facultades de las distintas cámaras, sobre todo ante un proyecto tan controvertido, lo cierto es que la inédita situación deja en mal pie a los diputados, quienes visaron en general la iniciativa -de una carilla y media de extensión- sin profundizar en su contenido. Por su parte, los senadores han planteado que en la discusión buscarán diferenciar aquellas expresiones pacíficas de los hechos violentos que se han producido en el país, con especial impacto en las pymes y el comercio.
De acuerdo a lo señalado por el presidente de la comisión, el senador por Ñuble, Felipe Harboe, tras partir desde cero la discusión, la primera sesión de este lunes trabajó en una redefinición del tipo penal de saqueo y posteriormente se hará lo mismo con los desórdenes públicos. "La idea -ha dicho Harboe- es justamente sancionar a aquellos que individualmente o en turba van y destruyen un lugar o bien que sustraen cosas del local, porque hay casos en los cuales gente va a destruir sin necesidad de llevarse cosas y queremos que hayan sanciones correspondientes".
En la discusión en la Cámara alta, senadores como Víctor Pérez (UDI) o Álvaro Elizalde (PS) han coincidido en que el proyecto originalmente aprobado tenía demasiadas falencias, pese a lo cual se espera que el texto final condene la violencia y sancione los delitos, sin criminalizar a quienes se manifiesten en las calles. Frente a este tipo de declaraciones, cabe preguntarse si los diputados que votaron a favor ¿leyeron y analizaron realmente el contenido de lo acordado? O si, tal como ocurrió con los diputados Jackson y Boric, ¿se arrepintieron luego de la decisión?.
Lo cierto es que el Senado tiene una doble presión para avanzar, la impuesta por la Mesa Social y la celeridad que busca ponerle el Gobierno a la discusión. Lo importante, por cierto, debe ser el resultado, uno que contemple altas penas para el delito, castigue a sus responsables y que otorgue a los fiscales un criterio único para enfrentar su persecución penal, sin ambigüedades ni visiones dispares, tal como ha quedado en evidencia en las últimas semanas.