Debido a la crisis social que se vive en nuestro país desde el 18 de octubre del año pasado, la Teletón anunció que su versión 2019 se realizará finalmente 3 y 4 de abril.

En muchas cuidades ya se trabaja para esa jornada, que en esta ocasión lleva el lema "Todos los días", y como es de costumbre se espera que todo el país se pondrá la mano en el corazón para llegar a una difícil meta: superar los más de 33 mil millones de pesos recaudados en 2018.

Este año la dificultad será mayor, debido al complejo escenario económico. Es por ello, que pese a que en los colegios e instituciones las personas ya están preparando los aportes, lo cierto es que en general la ciudadanía ha tenido poco tiempo para pensar en la cruzada solidaria.

Pese a lo anterior, los chilenos nunca han decepcionado y siempre, aunque sea a último minuto, llegan con los aportes necesarios para cumplir con la meta.

Es importante en estos días, y pese a las preocupaciones sanitarias y políticas que se viven, reforzar durante estas tres semanas que restan para la jornada solidaria la necesidad de organizarse para desarrollar las actividades benéficas de costumbre y motivar a los ciudadanos a poder participar.

Si bien, por un lado las empresas aportan una buena parte de los recursos, esto se hace gracias a que los clientes los prefieren. Además, el mayor monto se recolecta con los dineros entregados en los bancos o por transferencia electrónica de los ciudadanos comunes.

Es importante que se entienda que muchas personas dependen de estos recursos para su rehabilitación, donde lo principal es que se ofrecen tratamientos que de otra forma serían inalcanzables para la mayoría de las familias chilenas y de los países vecinos.

Al mismo tiempo, se debe reconocer que los principales impulsores de esta campaña y quienes más trabajan son las mismas familias de los niños que se atienden, lo que da una idea de lo significativo que es para ellos que se mantenga la fundación.

Queda tiempo para generar el ambiente y que se que preparen las actividades de recolección de fondos de cara a los días de la campaña.

Que los niños no paguen por el contexto social ni por la delicada situación de salud que enfrenta el país.

El estadillo social expuso con fuerza la necesidad de avanzar con sentido de urgencia en medidas que dieran respuesta al alto costo de la vida, las desigualdades, injusticias y abusos que la ciudadanía acusa ser objeto constantemente. Hace unos días el presidente Piñera anunció los tres ejes sobre los cuales se construiría esta Agenda Anti Abusos y Trato Justo: 1. Combate más severo contra las colusiones, los abusos y la corrupción. Se incrementan las penas mínimas desde 3 años y 1 día a 5 años y 1 día, con una pena máxima de 10 años. De aprobarse esta iniciativa, Chile quedará entre los países con mayores penas de cárcel por colusión en el mundo. e fortalecen las facultades de la Fiscalía Nacional Económicas tales como: alzamiento del secreto y reserva bancaria, ademas de más medios técnicos de investigación; se tomaran medidas para resguardar la evidencia electrónica; y habrá mayores sanciones para quienes dificulten labor de la FNE, destruyan u oculten evidencia. También se crea la figura del denunciante anónimo en contexto de libre competencia. Así obliga a la FNE a mantener reserva de identidad del denunciante en caso que así lo solicite. El segundo proyecto es para la mejor protección de los derechos de los consumidores, se aumenten fuertemente las penas por uso de información privilegiada. Las que actualmente van de 61 días a 5 años, se incrementarán a 541 días a 10 años y un día. De aprobarse, Chile quedará entre los países con sanciones más duras por este delito, sólo detrás de EE. UU y Corea del Sur. Se multiplica por 7 el máximo de multas a imponer por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al uso de información privilegiada, pasando el máximo de 15.000 UF a 100.000 UF, es decir hasta más de 2.850 millones de pesos. Se establecen periodos de bloqueo asociados al uso de información privilegiada que aplique a directores, principales ejecutivos y sus parientes hasta segundo grado que no podrán realizar transacciones en 30 días anteriores a la divulgación de estados financieros, porque se entiende que podrían ser con uso de información privilegiada. Se crea la figura de informante anónimo para denuncias con sistema de protección y recompensa. La recompensa a denunciantes podrá alcanzar entre un 10% y un 30% de la multa aplicada. El tercer proyecto es para mejorar la protección de los derechos de los trabajadores. Se establece la formalización de canal de denuncia centralizado y seguro en la Contraloría General de la República (CGR) para denuncias de corrupción en el Estado. Esto permitiría que cualquier persona, sea funcionario público o no pueda denunciar en forma transparente y segura. Se asegura la reserva de identidad del denunciante y en caso de ser funcionario público se podrá solicitar fundadamente a la CGR, no ser objeto de despido o termino anticipado de contrato, traslado u otra afectación. En el cuarto proyecto sobre delitos electorales se aumenta el plazo de prescripción de los delitos electorales, eliminando el plazo de dos años, para homologar a cualquier tipo de ilícito que es de 5 años. Se pone fin a un privilegio existente hoy para quienes cometían delitos electorales, ya que sus causas prescribían antes que el resto de los delitos.

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