El año 2008 se publicó la ley N° 20.248 que establece la Subvención Escolar Preferencial, la cual, en conjunto con sus modificaciones, generó las siguientes innovaciones al sistema educativo: Incorporación de dos nuevas subvenciones, una para estudiantes vulnerables (preferentes y prioritarios) y otra para escuelas que concentren determinados porcentajes de estudiantes vulnerables en su matrícula. Primer paso a un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Resguardo del uso de los recursos en fines específicos a través de la suscripción de un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, el cual establece principalmente: i) restringir el uso de los recursos entregados a los fines que establece la ley; ii) presentar planes de mejoramiento educativo donde se establezcan las iniciativas a financiar con estos recursos; iii) eximir de cobro a los estudiantes prioritarios. A la fecha la ley SEP ha recibido 8 modificaciones, muchas de ellas orientadas a flexibilizar el uso de sus recursos. La SEP representa el 16% de las subvenciones entregadas al sistema subvencionado y favorece a aproximadamente 1,9 millones de estudiantes prioritarios y preferentes todos los años. Esta nueva ley tiene por objeto inyectar mayor inclusión y calidad en el sistema educativo. Mayor inclusión, ya que la iniciativa extiende la SEP a todos los estudiantes prioritarios y preferentes del país beneficiando en régimen a casi 200.000 niños y jóvenes que hoy no la reciben. Mayor calidad, ya que el proyecto, por un lado, entrega mayor autonomía y libertad a directores y sostenedores en el uso de la SEP para que sea invertida en las necesidades reales de cada comunidad educativa (pero dentro de los fines educativos) y, por otro lado, genera las condiciones para que los Planes de Mejoramiento Educativo se posicionen como herramientas centrales en la planificación de la mejora educativa de cada escuela. En particular se propone: La eliminación del carácter voluntario de la SEP. La SEP pasa, de esta manera, a ser recibida en régimen por todos los estudiantes vulnerables del país, incluidos los 200.000 estudiantes prioritarios y preferentes que hoy no la reciben. La aplicación de la normativa de gasto de la Subvención General (Fines educativos incorporados en la ley de inclusión), a la SEP, disminuyendo de manera importante la burocracia en las escuelas. Un ajuste normativo para situar a los Planes de Mejoramiento Educativo como un eje central del apoyo y orientación que las instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Agencia de Calidad y Ministerio de Educación) entregan a las escuelas, potenciando así su carácter pedagógico en el sistema educativo y no como un mero instrumento para la rendición de gastos. Producto del diseño actual de la SEP, 83.000 estudiantes prioritarios y 115.000 estudiantes preferentes no reciben la SEP y los aportes asociados a esta. Esta situación es claramente contraria al propósito original de la ley: reconocer el costo de educar en vulnerabilidad. Este ley aprobada hace unos días resuelve este problema en régimen, eliminando los Convenios SEP, transformando a la SEP en una subvención recibida por todo el sistema educativo.

Frank Sauerbaum M Diputado por Ñuble

Ingeniero Comercial-MB

El reciente acuerdo sobre los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, es un logro democrático destacado transversalmente.

Al margen de ese hecho político en sí mismo (y de la polémica que también ha generado), este paso ofrece la oportunidad a toda la comunidad nacional de conocer más sobre los nueve grupos reconocidos por la Ley Indígena 19.253 (1993) que componen el país y cuya presencia como convencionales estará dada por su porcentaje de población registrado en el Censo de 2017, el cual se calcula a partir de la cantidad de censados que se autodefine como miembro de una etnia.

Según ese estudio (ine.cl) un total de 2.185.792 chilenos se identifican como parte de un pueblo originario, 12,8% de la población. De ellos, la mayoría corresponde al pueblo Mapuche (1.745.147 personas, el 79,8%), al cual corresponderán siete de los 17 puestos garantizados en la Convención.

Los mapuche marcan presencia en la Región Metropolitana, con 615 mil personas; en La Araucanía, 314 mil; Los Lagos, con 220 mil; Bío Bío, con 178 mil y Los Ríos, con 96 mil, un 25,6% del total de habitantes locales. El segundo pueblo con más escaños convencionales (2) será el Aymara (156.754 personas), que se concentra en Arica y Parinacota-Tarapacá. Los otros siete, tendrán un lugar cada uno: Diaguita (88.474 personas); Quechua (33.868 personas), Atacameño (30.369 personas), Colla (20.744), Rapa Nui (9.399 personas), Kawéskar (3.448 personas) y Yagán (1.600).

De acuerdo a datos del Ministerio de las Culturas, en el país hay 5.765 agrupaciones organizadas que reúnen a parte de esta población. Desde esos espacios debiera generarse la nominación de posibles candidatos constituyentes, quienes necesitan contar con patrocinio para inscribirse (senado.cl).

Es de esperar que ellos tengan un rol activo en este proceso, que se da por primera vez en la historia de Chile.

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de Pemuco organizó una campaña.

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