"Si bien sabemos que Ñuble es una región con diferentes atractivos turísticos, el llamado es a cuidarse".
Alan Ibáñez — Coordinador Seguridad Pública
"Lo importante es que cada familia o persona que arribe a Ñuble con su permiso de vacaciones".
Marta Bravo — Seremi de Salud de Ñuble
Entre los múltiples efectos de la pandemia en la vida cotidiana, se cuenta el aumento de hechos y denuncias por discriminación relacionados con origen , discapacidad, género, edad, apariencia, desempeño laboral, entre otros.
Un caso particular viven las personas de la comunidad LGTBI, que han visto crecer las agresiones tanto dentro como fuera del hogar (38% según un sondeo del Movilh).
Si bien existe hace ocho años la Ley 20.609, todo indica que ella se ha hecho insuficiente para castigar este tipo de comportamientos y también para prevenirlos, algo que en tiempos de cuarentena se vuelve más necesario, por la obligada convivencia permanente, que ahonda situaciones pre existentes, como la intolerancia, el descuido y la no aceptación de otros y otras en su completa dimensión de vida.
Considerando estas realidades es que se tramita en el Congreso una reforma a esa normativa, también conocida como Ley Zamudio, añadiendo medidas que permitan reaccionar y reparar el daño; pero también evitar que ocurra y colaborar para que los entornos sean más seguros para todas las personas.
Además se busca modernizar mecanismos para pedir ayuda, pues muchas veces esta no se solicita, porque existe sesgo y prejuicio de parte de quienes deben gestionarla.
Desde organizaciones nacionales y regionales que trabajan con personas en situación de discapacidad, migrantes, mujeres, adultos mayores, privadas de libertad, de distinta orientación sexual y creencias; han apoyado estos cambios, para que también se visibilice las múltiples formas en que se da la exclusión, sobre todo la estructural, aquella producida cuando la organización del país (económica, legal, política) se articula sin considerar, arbitrariamente, las realidades de algunos grupos.
La solicitud es, entonces, para que se avance en la reforma de la ley y que se estimule un cambio cultural, a fin que la ciudadanía internalice que las dificultades no están en las múltiples diferencias entre individuos; su verdadera causante está en la discriminación que se construye socialmente frente a ellas.
Una de las fuentes más nítidas del descontento social dice relación con el abuso de que han sido objetos los consumidores por parte del gran empresariado, en un sistema político-económico altamente concentrado, en una relación de verticalidad. Pues bien, el fundamento de la protección de los consumidores plasmada en la ley 19.496, se basa precisamente en la protección de la parte débil de la relación contractual, el consumidor, de ahí que no hablemos de un derecho del consumo, sino del "consumidor".
Esta matriz fundante, que amerita la intervención estatal como ente tutelar, es consecuencia de la evolución que experimenta la economía liberal clásica -en el período de entre guerras del siglo pasado-, donde todo se dejaba al laissez faire laissez passer; para pasar a una economía mixta o social de mercado, donde una de sus manifestaciones y que nos interesa para estos efectos, es la intervención estatal, entre otras cosas, protegiendo a la partes débiles de las principales relaciones contractuales, que antes solo se regían por la clásica teoría de la autonomía de la voluntad. La intervención estatal, tiene expresión en nuestra actual Constitución, a través de la regulación en el capítulo de los Derechos y Deberes, articulo 19 numero 16, del estatuto laboral. Esta normativa busca equiparar el desequilibrio de poder que se da entre empleador y trabajador, consagra la libre contratación y la libre elección del trabajo, también el derecho a una justa retribución, entre otros. Pero cabe preguntarse ¿qué pasa con el derecho del consumidor? Las facetas del ciudadano como trabajador y como consumidor, son tan importantes en la vida social, ambas dignas de igual protección constitucional.
Sin embargo, a pesar de responder a análogos fundamentos -parte débil versus parte fuerte-, no tenemos en nuestra actual Carta Magna ninguna garantía directa alusiva a la protección del consumidor, sino que solo de forma indirecta encontramos protección asociada principalmente a la garantía de la libertad económica, que derechamente no nos sirve, pues se basa en la antigua concepción de igualdad entre las partes, libertad y ley del contrato, que en nada protege a la parte débil de esa relación.
Este es un tema que nos afecta a todos, en mayor o menor medida siempre estamos actuando como consumidores de bienes y servicios, enfrentándonos a la desigualdad en el trato, en las condiciones de contratación, en una reparación que muchas veces depende de la buena voluntad del vendedor.
Por lo tanto, es un desafío para los constituyentes abordar la materia en la nueva Constitución, consagrando un estatuto básico pero autosuficiente, que reconozca los principales derechos que tenemos como consumidores, entre otros, nuestra libertad de elección, derecho a la información y derecho a una reparación integral y oportuna de los daños sufridos en el ámbito del consumo.
Natalia Reyes Lobos
Abogada
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