La legislación vigente en nuestro país indica que todas las playas de mar, ríos y lagos son Bienes Nacionales de uso público, es decir, son de dominio de todos los chilenos y su uso pertenece a todos, definición que está en el artículo 589 del Código Civil.

Además, el Decreto Ley Nº 1939 de 1977, en su artículo 13, explicita que "los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto".

Siguiendo estos preceptos legales, existen algunos casos emblemáticos especialmente en la zona sur del país que cada año reciben quejas ante las autoridades. Recientemente, una familia denunció a través de redes sociales un hecho de este tipo en el lago Llanquihue, lo que incluso motivó la actuación del ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, quien encargó una investigación a la unidad local.

Se trata de zonas que son altamente valoradas por los visitantes y cuya situación tiene más de una explicación, sobre todo porque las conversaciones destinadas a la habilitación de accesos registran avances entre las partes, con evaluaciones actualmente en curso y que podrían concluir en prontas soluciones.

En algunos casos, tanto autoridades como los propios denunciantes e, incluso, los denunciados, concluyen que existe un vacío legal que el legislador no previó al momento de la elaboración de la normativa. Si bien se da a entender que todo acceso a los cuerpos de agua es gratuito y libre, la ley establece que con el acceso peatonal se da por cumplido este requisito, entonces, no se hace cargo de los casos en que la distancia para llegar al borde del cuerpo de agua es muy extensa o, como sucede en otros casos, el camino es difícil y poco adecuado.

Si bien desde el Ministerio de Bienes Nacionales se trabaja en una posible solución a esta falla de la normativa, es importante que se considere por parte de los parlamentarios, que son quienes finalmente tienen a su cargo la elaboración de leyes, que sean precisas y no llamen a aplicaciones que no resuelvan plenamente las necesidades de la sociedad.

Uno de los principales compromisos del Gobierno del presidente Piñera ha sido mejorar las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, cuestión que nos ha llevado a impulsar, desde el primer año de nuestra gestión, una reforma previsional orientada a cambiar profundamente los fundamentos del actual sistema de pensiones, mirando siempre al objetivo común de mejorar la calidad de vida de los actuales y futuros pensionados. Parte de este compromiso ya está cumplido a través de la entrada en vigencia de la ley Nº 21.190, que aumentó los beneficios del Pilar Solidario en un 50% para todos los pensionados que fueran beneficiarios de dicho pilar. Sabemos que este esfuerzo requiere ampliarse, especialmente respecto de las mujeres y de las personas pertenecientes a hogares de clase media, que hoy más que nunca necesitan del apoyo del Estado para poder solventar sus necesidades durante la tercera edad.

Por otra parte, si bien en Chile tenemos niveles de informalidad laboral considerablemente más bajos que el resto de los países de la región, con una tasa de informalidad del 25.3% versus un 58.9% de promedio de América Latina y el Caribe (Organización Internacional del Trabajo), sigue existiendo un porcentaje considerable de trabajadores informales, lo que ha traído como consecuencia una baja en las pensiones.

En este sentido, y tomando en consideración la discusión legislativa del proyecto de ley que establece la Pensión Garantizada Universal, se estimó indispensable hacer algunas modificaciones al diseño presentado originalmente, estableciendo un beneficio que siga premiando el ahorro individual de las personas para su pensión, de manera de que las ayudas del Estado no sean un desincentivo para la cotización a la seguridad social, y que quienes logren ahorrar para su pensión siempre vean recompensado su esfuerzo.

Así, la entrega del beneficio no contributivo de vejez que se propone en este proyecto viene a ser un aporte adicional a la pensión que los trabajadores logran financiar en virtud de los pilares contributivos de pensiones, para así promover el ahorro previsional. Considerando lo anterior, y ante la necesidad de elaborar una política pública que genere los incentivos correctos, nuestro Gobierno ha escuchado la demanda ciudadana referida a mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y ha recogido una propuesta transversal de distintos sectores políticos y sociales, tomando la decisión de avanzar en la universalidad de una pensión no contributiva para toda la población de 65 años o más, excluyendo al 10% más rico de ese universo. Esto, con el fin de aumentar efectivamente el monto de las pensiones, considerando, a su vez, un diseño que genere los incentivos correctos en la población, promoviendo la postergación voluntaria de la jubilación de las personas. Consecuencialmente, se espera aprobar esta iniciativa sin demoras, a través de un diálogo transversal que reviva los grandes acuerdos y nos permita ir en apoyo de nuestros adultos mayores con la máxima celeridad posible.

Frank Sauerbaum Diputado

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