La Convención Constitucional avanza en planes para cambiar la forma de administración del país. Y una de esas modificaciones debe hacerse en las municipalidades, que tienen la misión de relacionar las políticas públicas con la comunidad. Pruebas irrefutables de esas misiones dieron tras el estallido social, cuando fueron las primeras en promover la realización de acuerdos y, luego, con el manejo de la pandemia, a través de la cual asumieron la "primera línea" de la atención de adultos mayores en cuarentena, de los escolares con clases telemáticas, y de la salud primaria reconvertida a testeo y trazabilidad, entre otras.

Ahora, las 345 comunas chilenas están expectantes respecto del futuro. Su meta es avanzar hacia convertirse en verdaderos gobiernos locales, con más atribuciones, menos centralización y mayores atribuciones en áreas sensibles de la vida comunitaria como la vivienda, organización territorial, seguridad; también en fomento a la participación ciudadana.

Todo ello, ya estaba presente en la Propuestas para un Chile Mejor, elaborada en 2013 desde la sociedad civil (Grupo RES Pública) y en la cual se hablaba de crear una nueva institucionalidad para los barrios, con capacidad real de coordinación y de ejecución de proyectos. En una palabra, decentralización.

En agosto, la Asociación de Municipalidades se reunió con la entonces presidenta de la Convención Elisa Loncón, a quien planteó la urgencia de reforzar los cambios. "Esperamos que los municipios dejen de ser administradores y pasar a verdaderos gobiernos locales, con atribuciones y financiamiento", indicó ayer, en una entrevista con www.soytv.cl, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann. La discusión constitucional estas materias recién se inician. Y estos temas se cuentan entre los cruciales para el futuro local y nacional.

La organización del Poder Judicial es un tema que desde hace tiempo viene discutiéndose en los grupos de interés ligados al gremio, aunque no figura dentro de los asuntos más vistosos dentro de la actual conversación constitucional. Con todo, varias iniciativas se han presentado sobre la materia en la Convención Constitucional.

Las que han generado mayor ruido dicen relación con los siguientes elementos: el control de constitucionalidad de las leyes, la creación de un organismo autónomo encargado de las funciones que hoy ejercen las cortes y que no están directamente vinculadas con resolver litigios - ascensos, nombramientos, o sanciones, entre otras -, la existencia de los abogados y abogadas integrantes, y la duración en el cargo de magistrados y magistradas.

Respecto del primer punto creo que jueces y juezas de carrera cuentan con mayores competencias para identificar conflictos entre las leyes que cotidianamente aplican y la Constitución. Otro asunto es perfilar este sistema de tal manera que se optimice la protección de la supremacía constitucional. Cabe recordar que la existencia del Tribunal Constitucional en Chile data de 1970 y que fue, paradójicamente, suprimido y repuesto por la dictadura.

El segundo tema no es menos complejo. Se plantea la creación de un órgano que efectúe las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial. Se mira a modelos como el de Argentina, Italia o Colombia y a tal órgano se lo denomina Consejo de la Magistratura, de la Judicatura o rótulos similares. Lo reconozco, tiempo atrás fui un entusiasta de esta idea. Hasta que observé los resultados que en la práctica ocasionaban. En la mayoría de los sistemas mencionados esta institución ha incrementado la politización de la judicatura en lugar de suprimirla.

Los abogados y abogadas integrantes, tercer asunto, son profesionales del Derecho que no provienen de la carrera judicial y que son nombrados para reemplazar magistrados de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema cuando se ven impedidos de asistir a una gestión judicial. Provienen del ejercicio profesional y portan intereses (como todos lo hacemos), tienen un paso transitorio en el poder judicial. Caldo de cultivo para la falta de imparcialidad. Por la misma razón me parece un contrasentido la idea de establecer un periodo para el ejercicio de la función de magistrados y magistradas, aunque fuere renovable.

Si las juezas y los jueces tuvieran un paso transitorio por el poder judicial, no podrían ser genuinos especialistas en su labor, existirían incentivos para politizar sus nombramientos y expondrían esa importante función a "cantos de sirena" que se empeñen en conquistarlos en sus decisiones cotidianas para ofertarles un buen futuro. Justamente lo que no queremos ni necesitamos en el país que queremos construir un Caballo de Troya.

José Ignacio Núñez Leiva,

investigador Observatorio Nueva Constitución

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