Garantía, no subsidio
El fondo de garantías especiales, en particular el dirigido a créditos hipotecarios, es un buen esfuerzo por parte del Gobierno en materia habitacional, pero insuficiente por donde se le mire.
En primer lugar se debe aclarar que en ningún caso es un subsidio habitacional, sino simplemente un fondo que permite que el análisis por parte de un banco sea más favorable para el potencial comprador, al ser el Estado el que garantice un 10% en caso de incumplimiento de pago, pudiendo así entregar créditos hipotecarios con un 10% de pie, y no un 20%. El esfuerzo es insuficiente pues sólo podría beneficiar a cerca de 24.000 familias, muy lejos del déficit de 650.000 viviendas a la fecha.
Los esfuerzos del Gobierno debieran estar en fortalecer la capitalización individual, generando nuevamente condiciones como las de hace pocos años, con tasas de créditos hipotecarios de un 2%, a 30 años plazo, y con sólo un 10% de pie, y para ello debe destinar la cotización adicional de la reforma previsional a las cuentas individuales de cada trabajador.
Eduardo Jerez Sanhueza
La Nueva Inquisición
La música urbana puede gustarnos o no. El personaje de Carlos Pailacheo -"Pailita"- puede gustarnos o no. Lo que no puede gustarnos es la censura y cancelación que ocurre en redes sociales cada vez que alguien pronuncia una opinión.
En contexto de los incendios en el sur de Chile, el artista hizo un llamado al gobierno a actuar, puesto que ya llevaban varios días ardiendo, sin respuesta del gobierno central. Ante esto, sufrió un gran número de críticas al punto que salió a pedir disculpas.
Podemos ser oficialistas u oposición, pero es necesario tener la capacidad cívica de reconocer las opiniones opuestas.
Esta nueva inquisición y cultura de la cancelación lleva años sobre nosotros, y es un síntoma de una sociedad intolerante y poco democrática que es, a lo menos, preocupante.
Javier Ávila Parada Fundación para el Progreso
Desde el Biobío
Las metas impuestas en la Política Energética Nacional, de convertir a Chile en un país carbono neutral al 2050, implica que toda la energía producida provenga de fuentes no contaminantes e idealmente que sean renovables. Y por primera vez se sumó la electromovilidad como uno de los pilares para alcanzar este objetivo.
Hay que considerar que, a nivel nacional, casi el 30% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) corresponden al transporte, lo cual está directamente vinculado con los gases de efecto local, como el material particulado o el carbono negro, contaminantes que son altamente perjudiciales para la salud.
En la otra vereda, el parque actual de vehículos eléctricos (VE), creció de manera explosiva llegando a 4.903 en 2022, es decir, un incremento de 80% con respecto al año anterior, lo que representa un 0,83% del mercado automotor nacional.
Si consideramos que, a futuro, solo van a circular vehículos eléctricos (VE), ¿la capacidad y distribución energética del país, está preparada para asumir este requerimiento? Sin duda que la respuesta aún es incierta y genera varios desafíos.
Chile apunta a tener una matriz energética limpia, sin combustible fósiles, lo que conlleva a convertir todos los procesos a 100% eléctricos, con el objetivo de tener un consumo más eficiente y responsable, en linea con la Ley de eficiencia energética.
Para ello habrá que realizar una considerable inversión y cambiar los procesos actuales, sumando que todos los consumos energéticos tendrán que ser medibles y trazables, con el propósito de optimizar los diferentes procesos con el tiempo. .
Rodrigo Salcedo, subgerente corporativo de Electromovilidad Emasa
Crisis que se profundiza
El último reporte del Ministerio de Salud -al 30 de diciembre pasado- da cuenta de que en Chile un total de 2.119.654 personas están en lista de espera por una solución en salud en el sector público. Así, uno de los mayores problemas que golpea a los usuarios está muy lejos de tener una respuesta.
A este escenario hoy se suma la crisis de las isapres que se ha conocido por la prensa y, ante la cual el gobierno ha dado pocas luces: se habla de un proyecto de ley para cautelar los derechos de los afiliados. Otros señalan que, simplemente, buscan "dejarlas caer".
En ese marco, a las largas listas de espera del sector público, se podrían sumar los pacientes de las aseguradoras que llegarían a Fonasa, sin la misma atención que brindan los privados.
Como APIS llamamos al Ministerio de Salud a dar una solución integral: más y mejor salud para los pacientes del sector público y, en paralelo, cautelar su seguridad que, con esta situación, se pone cada vez más en riesgo.
Estamos disponibles para reunirnos con la ministra, en conjunto con otros actores del sector, para buscar una solución que evite agravar la crisis.
Eduardo del Solar , director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS)
