"Los incendios son producidos por sobre el 99% por un factor humano . Yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país…"
— Subsecretario Manuel Monsalve — Por dichos de Fiscal Nacional sobre los incendios forestales"Fue un error muy grave y estoy pagando las consecuencias…"
— Rodrigo Rojas Vade Ex Convencional Tras recibir sentenciaEl último Catastro de Campamentos 2020-2021 desarrollado por Techo-Chile deja al descubierto que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos a nivel nacional, una preocupante y cruda realidad, la más alta desde 1996, que da cuenta de cómo muchas familias, connacionales y extranjeras, no han tenido acceso a soluciones dignas en materia habitacional.
Ante este complejo escenario, de precarización de la vida humana, de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras para acceso a créditos hipotecarios y la disminución de los ingresos autónomos de los hogares, entre otras; tenemos como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho a la vivienda y el hábitat residencial como un derecho social que debe ser garantizado y resguardado por parte del Estado.
Sin ir más lejos, y tomando como experiencia el confinamiento que experimentamos en pandemia, fuimos testigos de cómo la vivienda se transformó en el espacio obligado de trabajo, estudio y desarrollo de labores fundamentales de la vida cotidiana.
Ello conllevó un impacto social negativo y desigual, afectando especialmente a quienes habitan viviendas precarias y/o de tamaño reducido, quienes vieron deteriorarse aún más su calidad de vida y percepción de bienestar subjetivo, producto del consecuente aumento de estrés familiar, como también de factores de riesgo que aumentaron la emergencia de las violencias y el deterioro de la salud mental individual y familiar y su relación con la habitabilidad y la vivienda.
Existe el desafío de fortalecer la política de vivienda social digna, procurando llegar a este amplio sector de la sociedad que ha quedado y continuará relegado de su ejercicio pleno de este derecho, de no recuperar un fuerte rol del Estado en esta materia social. Una política que no sólo garantice el acceso a una vivienda, con debidos estándares de calidad tanto en infraestructura y materialidad, sino también la conformación de barrios integrados, con acceso a servicios para el desarrollo de la vida comunitaria y familiar, acorde a la dignidad de las personas en condiciones de igualdad y de justicia social.
Roxana Zuleta, académica de
la Universidad Andrés Bello
El 18 de noviembre pasado comenzó a regir en plenitud la ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y cuya finalidad es perfeccionar el sistema de pago en favor de los hijos. La iniciativa fue promulgada en el Diario Oficial del 18 de noviembre de 2021, por el entonces Presidente, Sebastián Piñera.
Hace unos días el Ministerio de la Mujer ha entregado algunas cifras respecto de esta nueva herramienta que permite medir la magnitud de este fenómeno en Chile. El registro acumula 14.512 deudores inscritos, de ellos 14.091 son hombres (97,1%), y 421 son mujeres (2,9%). En total, al 19 de enero de 2023, las personas inscritas sumaban deudas por más de 23 mil millones de pesos, lo que a juicio de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, da cuenta de la magnitud de este problema, ya que son derechos vulnerados de niños y adolescentes, y eso solo entre quienes han formalizado las pensiones en los tribunales.
Entre las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas. Desde marzo del presente año, la Comisión para el Mercado Financiero será la encargada de fiscalizar la ley de Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, también conocida como "ley papitos corazón" y deberá aplicar las sanciones según sea el caso.
Según una encuesta realizada en 2020 por el Ministerio de la Mujer y Cadem, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de éstas, un 65% no recibe contribución alguna de pensión. Sólo el 16% de los deudores de pensiones alimenticias se hace responsables del pago. Y del total de personas que no reciben el pago de pensión de alimentos, el 65% forma parte de la población de menores ingresos. Las causas por pensiones de alimentos se encuentran entre las más vistas por los Tribunales de Familia del país. Son parte del 53% de las situaciones que esos juzgados conocen mensualmente, junto a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos.
Pese a contar con recursos por $ 420 millones para techar la calle Isabel Riquelme del Mercado al aire libre, entre la calle Maipón y Arturo Prat, no existe fecha de inicio de los trabajos.
Durante la reunión de comisión realizada ayer, concejales y presidentes de las asociaciones gremiales vinculadas al mercado plantearon su malestar.
Los dispositivos de control y fiscalización móviles que se han implementado en Ñuble para supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias en cuarentena dejaron como saldo la detención de nueve personas en Coihueco que permanecían al interior de una cancha de rayuela practicando este deporte.
El lunes fue una fecha especial por el Día del Amor, y también fue el día en que a dos familias de Chillán les robaron sus autos. Ellos vienen a engrosar la lista de denuncias por robo de vehículos que, de acuerdo a la información policial, suman 35 en lo que va del año.Este año se registran más de 30 denuncias por robo.