Autoridades del Gobierno y empresarios se enfrascaron ayer en una dura disputa respecto a la emergencia por los incendios forestales que tuvo dos frentes: las críticas del expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, a la lentitud del Ejecutivo para reaccionar a la catástrofe, y los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, respeto de la posible creación de un royalty a las empresas forestales.

En el primero de estos temas, Sutil, hoy candidato al Consejo Constitucional en cupo de Renovación Nacional, afirmó en radio ADN que "si miras la data de los últimos cinco años, la ocurrencia de los incendios es más o menos la misma en cantidad, pero la diferencia es la incapacidad de parte del Gobierno".

"Los hago responsables de la propagación en exceso, por falta de reacción oportuna, y eso no se tapa con una polémica", acusó, apuntando a la idea del nuevo pacto con las forestales que propone La Moneda.

El exlíder gremial insistió en reprocharle al Ejecutivo "incompetencia por dejar fuera gente con trayectoria no permitió actuar con la debida prontitud; y están instalando un tema comunicacional muy incorrecto, muy inadecuado".

En respuesta a estos dichos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, opinó que "las apreciaciones que tienen que hacerse respecto a la emergencia tienen que ser con seriedad y fundadas. Lo de Juan Sutil me parece más una opinión política que una opinión seria, que es lo que corresponde en una emergencia de esta naturaleza".

Además, en términos más generales, hizo un llamado a no declarar culpabilidades antes de que actúe la Justicia, pues el Gobierno está querellándose por este tipo de acciones y que se ponen en el peor escenario: "No descartamos ninguna causa respecto a la causa de los incendios, incluida la posibilidad d la intencionalidad, y de la intencionalidad organizada".

En ese sentido, hizo un llamado "a los empresarios, también a las otras instituciones, a ser cautelosos con la autonomía de quienes cumplen la labor constitucional de persecución civil. Hay muchos que parece que creen que pueden reemplazar la labor del Ministerio Público y muchos seguramente creen que pueden hacerlo mejor que el fiscal nacional y o mejor que quien gobierna".

Luego planteó que tales expresiones "incluyen un dejo de arrogancia que me parece que en una emergencia no corresponde. Finalmente, esta emergencia la están manejando las instituciones".

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen, respondió esta declaración en EmolTV: "Son las instituciones del Estado las que están dando cifras respecto a la intencionalidad de los incendios. La misma Conaf estima que el 25% son en forma intencional (...) No puede ser que haya 30 detenidos si se han producido más de mil focos de incendios".

No al royalty

El otro punto de conflicto tuvo que ver con la mención por parte del ministro de Agricultura de un posible proyecto de royalty a las forestales que se legislaría desde junio próximo.

Ante ello, Von Appen afirmó que "nunca había escuchado esa idea y por eso nos sorprende".

Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó rápidamente esta opción. "El Gobierno tiene una agenda tributaria que está desplegada en el Parlamento, que es clara y que está expresada en proyectos de ley. En dicha agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, ya que esta no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado", explicó la jefa de gabinete.

"En este momento, en este Gobierno, no está previsto hacer nuevas formulaciones tributarias más allá de las que están pensadas en la reforma tributaria", recalcó Tohá.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, es uno de los 29 líderes hispanoamericanos agrupados en el Grupo de Puebla, que firmaron ayer una carta que critica con dureza a la Justicia chilena por el nuevo aplazamiento del juicio oral por el caso SQM, que entre otros, tiene como imputado al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El escándalo de SQM estalló en 2015, durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, e investiga el presunto financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de dicha empresa a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.

En la misiva el grupo denuncia que "desde 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".

"Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio", critican los firmantes.

En este contexto, expresan su desencanto por la decisión adoptada esta misma semana, en la que se volvió a aplazar la apertura de la vista oral con un argumento que consideran peregrino: "Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que febrero era época de vacaciones en Chile. Una justicia dilatada es una justicia denegada".

"Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso", añaden.

La misiva concluye con dos párrafos en los que los firmantes dicen estar seguros de que "finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos".

Ademas del presidente argentino firman el documento los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia).

"Poco prudente"

Conocida la carta, parlamentarios se mostraron críticos. El diputado socialista Tomás de Rementería afirmó que "me parece poco prudente que un presidente de cualquier país opine sobre la justicia chilena. Ya se ha dado y hemos sido críticos. Creo que no corresponde".

La diputada de RN Sofía Cid apuntó que "queda en evidencia que para un sector de la izquierda latinoamericana se ha vuelto incómoda la separación de poderes del Estado", y el senador Iván Moreira (UDI) dijo que "no corresponde que un presidente intervenga en asuntos judiciales de otro país".