El Presidente Gabriel Boric insistió ayer en la necesidad de avanzar en la tramitación de la reforma de pensiones, uno de los principales ejes de su programa trabado desde hace siete meses por falta de acuerdos, e instó al Congreso a "mejorar el proyecto" que su Gobierno presentó.

"Acá no hay trancas ideológicas; se trata de tener una vejez digna. Vamos a insistir y espero no tener más contratiempos con eso en el Congreso", señaló el Mandatario durante la firma del proyecto de ley que amplía de manera extraordinaria el Bono Invierno para los jubilados.

"Este bono es un apoyo, pero no es una solución definitiva; la solución definitiva es la mejora de las pensiones de los trabajadores, de quienes han trabajado toda su vida, pero no les alcanza para vivir. Las personas mayores no pueden seguir esperando", añadió el Jefe de Estado.

La mejora de las pensiones fue uno de los temas centrales de la segunda Cuenta Pública de Boric, celebrada la semana pasada y en la que hizo balance de sus primeros 15 meses de Gobierno. El presidente insistió que se trata de un "imperativo moral" y advirtió que "la sociedad chilena no tolerará un nuevo fracaso" en la tramitación de esta reforma que calificó de "urgencia nacional".

"Tenemos el deber de mejorar las pensiones de los chilenos hoy, no mañana o en 10 años más", dijo Boric, quien instó por ello a la oposición a dialogar y avanzar "con celeridad, responsabilidad y compromiso".

La reforma de pensiones es una de las grandes demandas de la ciudadanía.

Sexto retiro

Paralelamente, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votó ayer el proyecto refundido para un "sexto retiro" de fondos desde las AFP, luego de que el Gobierno impusiera discusión inmediata, lo que obliga a que hoy sea votado en Sala.

Por amplia mayoría (10 votos en contra y tres a favor), los integrantes de dicha instancia rechazaron la iniciativa en una votación que solo obtuvo los sufragios positivos de los diputados Pamela Jiles, Jorge Durán y Miguel Ángel Calisto.

De esta forma el proyecto pasa a la Sala con informe negativo a su votación y, de ser rechazado, deberá pasar un año antes de que se vuelva a plantear una iniciativa en el mismo sentido.

La diputada Pamela Jiles, una de las impulsoras del proyecto, criticó que en radio Biobío el ministro Mario Marcel solicitó rechazar estos retiros "con los mismos argumentos que el exministro Briones".

El Banco Mundial moderó la caída en la proyección de crecimiento para Chile en 2023, de 0,7% anterior al 0,4% ayer, mientras que para el próximo año pronostica un PIB de 1,8%, menor al 2,1% que calculó en enero pasado.

Aunque mantiene la proyección de una caída, la entidad "prevé que la producción en Chile se contraiga un 0,4% en 2023. La recesión total prevista en 2023 es el resultado de los efectos de arrastre de tres trimestres de crecimiento negativo en 2022".

"Esta desaceleración puede atribuirse principalmente a la brusca retirada de importantes estímulos monetarios y cuasi fiscales", avanzó el Banco Mundial y explicó que "se espera que el crecimiento aumente hasta el 1,8% en 2024 a medida que se relaja la política monetaria".

Se estima, por otra parte, que Latinoamérica crecerá solo el 1,5 % en 2023, un avance muy por debajo del 3,7 % registrado el año pasado, debido a la baja del precio de las materias primas y a los efectos de las subidas de tasas de interés.

En su nuevo informe de perspectivas globales, el Banco aumentó sin embargo las perspectivas en dos décimas respecto a enero.

Efe

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, pidió este martes impulsar un pacto fiscal "consensuado" entre partidos políticos, empresas y agentes sociales para "mejorar la gestión del Estado" y "aumentar servicios a la ciudadanía".

"El desarrollo económico está en manos de la empresa privada. Son las empresas y las personas quienes pagan impuestos, y por eso nosotros tenemos que estar en el debate. El pacto fiscal tiene que ser mancomunado para llegar a un muy buen acuerdo, el país lo está demandando", reivindicó Mewes a la salida de una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El líder del gran empresariado defendió la necesidad de un pacto fiscal no solo para cambiar impuestos, sino para "mejorar la gestión de los recursos públicos" y "evaluar los programas que no rinden", dijo.

"Hemos planteado nuestras inquietudes respecto al crecimiento económico, la informalidad en el trabajo y el ambiente para hacer negocio en Chile, para que podamos generar una instancia de crecimiento e inversión que nos ayude a salir de donde estamos hoy en día", añadió Mewes.

La conversación de Marcel con empresarios se celebró un día después de la reunión del presidente Gabriel Boric con ministros y partidos oficialistas para impulsar una nueva reforma tributaria que permita al Ejecutivo implementar reformas clave en salud, educación, pensiones y seguridad, luego de que en marzo el Congreso rechazara una primera propuesta del Gobierno con la que se buscaba recaudar un 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años.

Marcel, por su parte, detalló que por ahora solo se cerró una hoja de ruta para entablar conservaciones en las próximas semanas, y coincidió en hablar sobre un pacto fiscal amplio que contemple mejoras en la eficiencia del Estado.

La semana pasada, en su segundo discurso ante el Parlamento para dar cuenta de sus primeros 14 meses de gestión, Boric reivindicó la necesidad de un pacto fiscal para aumentar los recursos públicos y anunció que el Gobierno "insistirá en el Senado" con la discusión parlamentaria a finales de julio.

Tras el golpe propinado por el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, el Gobierno condicionó al nuevo pacto algunas de sus principales promesas, como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, la condonación de los créditos universitarios CAE, el incremento de las patrullas policiales, el aumento de la pensión solidaria a $250 mil, el pago de la deuda histórica a los profesores o la reducción en un 40% los tiempos de espera en salud.

El Gobierno presentó ayer en el Senado las primeras modificaciones al nuevo Decreto del estado de excepción constitucional de Emergencia, y que implicarán un aumento en el presupuesto asignado a las fuerzas militares para la Macrozona Sur.

Los cambios se detallaron en una sesión de las comisiones unidas de Defensa y Seguridad del Senado, a la que asistieron las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández.

Según informó radio Biobío, en la oportunidad las representantes del Gobierno socializaron por primera vez algunos de los elementos principales en el cambio de redacción del decreto, como por ejemplo, dar mayores atribuciones a los Jefes de Defensa Nacional (Jedena), así como abarcar más territorio para tener una mejor cobertura.

Al cierre de esta edición, El Senado había arobado una nueva prórroga del Estado de excepción en el sur, que debía ser ratidicado por la Cámara.