En2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.100, que prohibió la entrega de bolsas de plástico en el comercio y que transformó a Chile en el primer país latinoamericano que dio este gran paso, para contribuir a la protección de la naturaleza. En su primer año logró que el uso de estas bolsas disminuyera casi en un 65%.

Se estima que en los primeros 30 meses de vigencia se evitó la distribución de más de 6.700 millones de bolsas. La ley consideró un período de transición de seis meses desde su publicación, para que las tiendas y supermercados dejaran de entregarlas. En el caso de las pequeñas empresas, se les dio plazo hasta el 3 de agosto de 2020 para adaptarse a la normativa.

Pero no se puede pensar que el problema de contaminación se resolvería sólo por esta vía, ya que los plásticos siguen circulando como envases primarios de muchísimos productos. Sin embargo, ésta fue la contribución que se podía hacer por la vía de los consumidores finales. La ley cumple seis años y es evidente que han cambiado los hábitos de compra de los consumidores, que han aceptado la medida y han tenido que adaptarse a la reducción de las bolsas y a su reemplazo por otras reutilizables. No obstante, en este período se echó de menos alguna disposición que hubiese obligado a todo el comercio a asumir la responsabilidad de entregar sus productos en bolsas de papel, de género u otro material inocuo, pues por el contrario, la venta de bolsas reutilizables se transformó en un nuevo negocio, especialmente para los supermercados.

Dejar atrás el uso de materiales que, al ser desechados, se convierten en desperdicios de difícil eliminación, con el consiguiente daño a la naturaleza, es un desafío para todo el mundo. Los plásticos representan cerca del 80% del total de los desechos en los océanos, afectando al ecosistema de las criaturas que lo habitan. Estas bolsas fueron muy apreciadas en el comienzo por lo fáciles de transportar, su ductilidad y su aparente limpieza. Sin embargo, también arrastraban su condición de prescindibles, y así como sirvieron para el traslado de productos hacia el hogar, se les utiliza para desprenderse de lo que ya se usó. Por eso, es necesario seguir avanzando en un cambio cultural para que las personas entiendan la necesidad de proteger el ambiente.

El secreto bancario es una institución más que centenaria, cuyos orígenes se remontan antes a prácticas de la actividad bancaria que a las leyes. Algunos, incluso, han planteado que el secreto bancario, en perspectiva histórica, ha sido una forma de secreto profesional de la cual gozan los bancos, atendida la naturaleza de la información que custodian respecto de sus clientes. Por otro lado, el secreto bancario es, también una forma de protección de la intimidad de la persona: la información resguardada puede tomar la forma de datos personales, ya que pueden servir para identificar inequívocamente a una persona o identificar patrones de conducta (consumos, desplazamientos, preferencias, etc.) como todo derecho, el secreto bancario no es absoluto y puede, por tanto, levantarse en casos calificados. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 154 de la Ley General de Bancos (LGB) distingue dos niveles de protección de información de clientes bancarios: aquella que está sujeta a secreto y la que se encuentra bajo reserva.

La norma prescribe que se encuentran bajo secreto bancario "las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos". En virtud de esta disposición, "no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente". La infracción del secreto se sanciona con pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años). Las demás operaciones -continúa el artículo 154 de la LGB- quedan sujetas a reserva, pudiendo los bancos solamente "darlas a conocer a quien demuestre un interés legítimo y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes pueda ocasionar un daño patrimonial al cliente".

En términos generales, se puede acceder a información bajo reserva bancaria cuando así lo requiera la justicia ordinaria, por ejemplo, en causas civiles; la militar y, en materia penal, por los fiscales del Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, cuando ella se relacionen directamente con las investigaciones a su cargo. Además, tratándose de los delitos como el lavado de activos y de asociación para el lavado (arts. 27 y 28 de la Ley Nº19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos), los fiscales, previa autorización de un juez de garantía, "podrán requerir la entrega de todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigación y que se relacionen con aquella".

La discusión pública sobre el levantamiento del secreto y la reserva bancaria se está llevando de una manera equivocada: mientras el Gobierno insiste en que oponerse a sus propuestas de modificación es privilegiar la opacidad, la discusión en realidad debiera ser sobre las razones y la evidencia que amerita dichos cambios. El secreto y la reserva bancaria es una garantía que entrega la ley para resguardar esferas de intimidad, privacidad y de datos personales. En ese sentido, toda la regulación vigente descansa sobre la lógica de que acceder a dicha información debe ser ponderada por un tercero imparcial, a fin de que juzgue si es necesario y proporcional en relación al fin buscado. Finalmente, la evidencia disponible a partir de acciones judiciales del SII y de recomendaciones internacionales no dan cuenta de motivos justificados para variar las reglas vigentes. Ello pone la carga de la prueba en quienes promueven los cambios.