Opacado por debates parlamentarios y posibles cambios ministeriales, el anuncio presidencial de un nuevo aporte de fondos a las municipalidades pasó a segundo plano. Son US$ 120 millones destinados a las 342 municipalidades del país, que contarán así con recursos frescos para atender emergencias propias de la crisis sanitaria y económica, que en terreno se traduce en graves problemas para personas de amplios sectores sociales.

La cantidad se suma a aportes anteriores.

La segunda entrega del Fondo Solidario Municipal en el país, significapara la Región de Ñuble un total de $2.913 millones, superando un 18,5% los dineros ya transferidos por concepto del mismo ítem en mayo del presente año.

La distribución de recursos se hace en base a población de la localidad y a la situación de vulnerabilidad de las personas. De la pobreza, en palabras simples.

Estos dineros deberán enfocarse en acciones de respuesta a necesidades surgidas por la emergencia sanitaria, tales como: compra de alimentos, medicamentos e insumos básicos para tratar enfermedades, pago de arriendos, gatos comunes, servicios básicos, traslados y servicio funerarios.

Lo que deben atender hoy las municipalidades es el día a día de la población más castigada, donde hay desempleo y faltan recursos para "parar la olla".

De acuerdo a lo señalado por diversos alcaldes a la prensa, este nuevo fondo será focalizado en entrega a alimentos. Ahí entramos a la compleja cuestión del "cómo". No se consideran aportes en dinero a las familias, lo que permitiría, a la vez, inyectar recursos al castigado comercio. Otro destino prioritario será en salud, fundamental en la actual situación, donde los recursos nunca alcanzan.

Estos aportes a las municipalidades, más allá de la emergencia, son un reconocimiento a la importancia de esos organismos por su cercanía con las personas.

Más que nunca, esta es la hora de la transparencia. Los recursos deben llegar con oportunidad a su destino final: las personas para quienes el día a día se ha convertido en penosa cuesta arriba.

Durante los últimos años poner a los niños primero ha sido un tema crucial para fortalecer el futuro de las próximas generaciones. En esa dirección se han implementado una serie de iniciativas encaminadas a institucionalizar la Educación Parvularia, una de ellas, el proyecto de ley que establece el kínder obligatorio. Según la Encuesta Casen 2017, el 62% de papás con hijos entre 4 y 5 años declara no enviarlos a la educación parvularia pues los cuidan en el hogar, en tanto que el 10% responde que no le parece necesario que asistan. Institucionalizar el kínder permitirá crear conciencia en las familias de la importancia del nivel y le dará un impulso a la asistencia. Porque una cosa es que la matrícula actual del kínder llegue al 96% y otra distinta es que esos niños asistan. En ese contexto, desde el 2013 que está presenta en la Constitución la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia -kínder- y en el Congreso desde el 2018 estamos tramitando el proyecto que permite finalmente concretar y poner en practica dicha instrucción. Actualmente en tercer trámite en el Senado. Pero cabe precisar que el Senado lo despachó eliminando todas las normas que hacían, precisamente, obligatorio el segundo nivel de transición y con ello toda operatividad legal para exigir kínder para ingresar a primero básico, eliminó la posibilidad de certificar el haber cursado kínder, posibilidad de rendir exámenes libres para validar o convalidar conocimientos necesarios para primero básico. Un proyecto que no solo buscaba relevar el rol de la Educación Parvularia en el país, aumentando los años obligatorios si no que también aumentar su cobertura, beneficiando a 6.350 que hoy no asisten. Ello por cuanto la educación parvularia de calidad trae efectos positivos en el desarrollo futuro de un niño, especialmente para quienes provienen de hogares más vulnerables. También pretende atacar la baja tasa de asistencia al Kínder que hoy en día alcanza un 66% de los niños, los cuales son inasistentes crónicos, es decir, faltan más de 20 días al año. Asimismo, con ella se podrá aumentar la cobertura de la educación parvularia en Chile y acercarla a estándares internacionales. Actualmente existen diferentes países de la OCDE con los que frecuentemente nos comparamos, como Suiza, Grecia y Reino Unido. Lo mismo ocurre en países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Perú en que exigen este nivel educativo en la Constitución. La educación desde un inicio es fundamental no sólo en Chile sino en todo el mundo. No es una guardería o un capricho administrativo. Asistir a Kínder importa. Sin embargo, luego de sucesivas demoras en el Senado, reabriendo discusiones cerradas, la oposición lo modificó sustancialmente. Una iniciativa que buscaba materializar la obligatoriedad para avanzar en cerrar las brechas que se producen desde la cuna, terminó siendo un proyecto que deja a la libertad de los padres el Kínder, favoreciendo que el origen socioeconómico sea determinante en la trayectoria educativa del niño. Más aun una ley que es contrario a lo establecido en la Constitución.

Frank Sauerbaum

Diputado

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