A una semana ya del proceso electoral en que resultó vencedor Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, quedan varias peculiaridades dignas de destacar, además del ya comentado comienzo de un nuevo ciclo político respecto del cual hay abundantes expectativas. Con claridad, los electores fueron nuevamente los protagonistas. Pero el desarrollo del día en cada uno de los 2.700 locales de votación repartidos en todo Chile no habría sido posible sin el esfuerzo coordinado de efectivos de seguridad, funcionarios públicos y los equipos del Servicio Electoral y su personal de enlace (Pese).

Mención aparte merecen los ciudadanos que asumen roles especiales. En primer lugar los vocales, que sumaron 46.639 personas; y en segundo término, es necesario resaltar a los más de 15 mil facilitadores desplegados a lo largo del país.

Este último grupo es de reciente aparición en el escenario electoral nacional. Trabajó por primera vez durante el plebiscito de 2020 y, desde entonces, se ha convertido en una pieza importante considerando la situación de pandemia en que se ha desarrollado la intensa actividad electoral de los últimos dos años.

Se trata de particulares que reciben un promedio de 70 mil pesos como retribución por su labor del día y que deben cumplir requisitos (mayor de 18 años, sin militancia política ni antecedentes penales), además de capacitarse. Las primeras postulaciones para ejercer estas funciones se hicieron en septiembre del año pasado y el Servel recibió entonces más de 150 mil solicitudes; diez veces más de los cupos disponibles.

En promedio ha habido cinco facilitadores por cada local a nivel país, principalmente jóvenes, quienes han cumplido con las tareas de prevención, información y colaboración con personas que lo requieran, junto con hacer más expedito el ejercicio de concurrir a sufragar, sobre todo ordenando filas en los momentos de mayor aglomeración.

Su presencia ha sido positiva en esos aspectos prácticos inmediatos; pero también desde la perspectiva de sumar sociedad civil en la actividad básica del ejercicio democrático. Mirado así, quizás resultaría favorable que este esquema se mantuviera en el tiempo, como herencia positiva de la dura crisis sanitaria.

En los últimos 10 años, los recursos públicos destinados a educación crecieron de forma significativa. De acuerdo con información de la DIPRES, experimentaron un alza de 77%, mientras que, si distinguimos por nivel educativo, se calculan incrementos de 62% en educación parvularia y escolar y 156% en educación superior, estos porcentajes se encuentran por encima de otras áreas de interés social como vivienda y protección social, y en el caso de la educación superior, el alza se encuentra además muy por encima del aumento experimentado por el gasto público total, que en el mismo período fue de 61%.

Lo anterior es consecuencia de que, de una u otra forma, en el debate político se ha ido instalando la idea de que el aumento en el gasto es la principal -y a ratos única manera de resolver los problemas que aquejan a este sector. Del mismo modo, año a año somos testigos de la resistencia del congreso y autoridades a reasignar y recortar gastos, aun desde iniciativas de mal desempeño o poco relevantes, pues ello se percibe como un perjuicio, en lugar de la oportunidad de lograr mayor eficiencia en la gestión y en la resolución de las principales problemáticas.

Debido a la prolongada suspensión de las clases presenciales producto de la pandemia y a la reticencia de algunos sectores a retornar a las aulas, el Mineduc ha estimado una pérdida importante en los aprendizajes, un aumento de las brechas y un deterioro en las condiciones socioemocionales de los niños. Esto se suma a los desafíos que ya exigían al sistema escolar antes de la pandemia. Es por ello que la principal prioridad en educación para el próximo año debe ser favorecer la continuidad del proceso educativo, el aprovechamiento de los recursos disponibles -especialmente en un contexto de estrechez fiscal- y la realización de programas e iniciativas que apunten a la recuperación de los aprendizajes y el bienestar de los niños.

En el Presupuesto 2022 un 76% de los recursos públicos asignados al MINEDUC para el próximo año corresponde al financiamiento de leyes permanentes, es decir, materias que no pueden ser modificadas en el corto plazo por la sola iniciativa del gobierno, continúa invirtiendo en el mejoramiento de la infraestructura y la revitalización de establecimientos públicos, así como en el equipamiento de establecimientos de educación técnico profesional. Ello constituye un apoyo para mejorar de manera sostenida las condiciones que ofrecen las escuelas a sus alumnos, lo que resulta clave mientras haya restricciones producto de la pandemia, además se contemplan recursos para seguir avanzando en el mejoramiento de la conectividad de las escuelas, lo que se enmarca en el objetivo de que hacia 2030 estén todas conectadas a internet, así como ir aumentando la velocidad de la conexión. Como se señaló al inicio, la discusión educativa de los últimos años se ha centrado excesivamente en la asignación de recursos y en menor medida en las acciones que se toman en virtud de éstos.

El sistema educativo se encuentra frente a un desafío enorme producto de dificultades que ha traído la pandemia y la suspensión de clases presenciales, lo que se suma a las problemáticas e inequidades que ya existían desde antes.

Frank Sauerbaum xDiputado por Ñuble

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