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las comunidades, de poder recibirlas a todas, armar equipos y hoy llevamos alrededor de 30 mesas constituidas a nivel regional. Aquí, nos encontramos con una sorpresa que no imaginábamos, porque la demanda es muy alta. Hay más 700 comunidades con aplicabilidad en la mano y, por lo tanto, con el derecho a restitución; y más de 800 comunidades están en proceso de tramitar la aplicabilidad, muchas de ellas con una tramitación de más de 10 años, cuando lo normal de proceso no debiera superar dos años en promedio. Nos encontramos igual con falencias institucionales. Estas tienen que ver con cuestiones estructurales. Uno podría decir fácilmente que ha habido un abandono de la institución por parte de los distintos gobiernos, en el sentido que no se ha mejorado la dotación de la corporación en mucho tiempo y porque hay un déficit tecnológico. Debemos estar atrasados como 15 o 20 años en comparación con otras instituciones públicas en cuanto a incorporación de tecnología para los procesos administrativos (…). Y eso dificulta gestionar y aplicar rapidez al trabajo.
- Respecto de este "casi primer año" de gestión, ¿qué modalidad de trabajo que ha establecido este equipo? Porque llama la atención que no ha habido mayores tomas o protestas en estas oficinas…
- Primero, precisar que llevamos 9 meses de gestión y lo que nos ha caracterizado en la atención y en la relación con las comunidades y usuarios es, primero, tener una apertura al diálogo, a recibir y escuchar, y decir siempre la verdad. Nosotros hemos sido súper transparentes con las comunidades para decirles esto se puede y esto no se puede hacer, para no fijar falsas esperanzas o darles un parecetamol. Desde un principio asumimos que en esta administración no podemos solucionar todo lo que no se ha hecho en 29 años de existencia de la Conadi y menos en décadas y siglos de deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche. Por lo tanto, hemos sido prudentes. Entonces, no vamos a poder comprar ahora la tierra para las más de 700 comunidades que están en lista de espera; además que la lista de espera va creciendo porque vamos estableciendo aplicabilidades y probablemente al final de los 4 años del gobierno nos vamos a encontrar con mil 500 comunidades con aplicabilidad, aproximadamente. Yo diría que esos son los aspectos centrales: trabajar con sinceridad, no fijar falsas expectativas y ser prudentes.
- En la reciente acusación constitucional contra el ministro Jackson se dijo que a noviembre de 2022 la Conadi llevaba ejecutado solo el 42% del presupuesto de tierras. Usted menciona que cerraron el año con un 100%. ¿Cómo lograron la meta?
- Del presupuesto total que tiene Conadi tenemos una ejecución del 99,73% y en tierra, y a lo que nos comprometimos cuando asumimos el 9 de mayo, era a ejecutar todo el fondo de tierras y superamos el 100%, porque desde hace mucho tiempo la institución no aplicaba la glosa que le permite ejecutar hasta un 10% del año siguiente, y este año aplicamos esa glosa, por lo tanto, llegamos al 113% de ejecución, lo que asciende a 40 mil 27 millones de pesos (y 5 mil 697 hectáreas), eso equivale al 50% de lo que ejecutó el gobierno anterior del artículo 20 b en sus cuatro años. Iniciamos el proceso en julio para revisar primero los expedientes y decidimos avanzar en los procesos que estaban más cerca de la compra. Entonces, cuando se da la acusación contra el ministro aparecía que teníamos un 42% del fondo ejecutado y eso era porque, si bien teníamos más del 90% de los procesos terminados, la Contraloría General de la República debía tomar razón y aprobar. Y esto no es algo nuevo (…).
DOTACIÓN
- La diputada Nuyado denunció el año pasado que el presupuesto 2023 para la Conadi era bajo. ¿Qué hay de cierto en esto?
- Eso no es así. Nosotros tenemos un aumento de un 11% del presupuesto global de Conadi y en el fondo de tierras, que es prioridad para este gobierno, crece un 21%. En términos concretos tenemos un aumento. Lo que podemos decir es que no tenemos lo que solicitamos y eso suele ocurrir; nuestras expectativas eran otras, pero dadas las condiciones económicas no nos dieron lo que queríamos. Por lo tanto, hoy podemos decir que tenemos un presupuesto desequilibrado, porque aumenta el fondo de tierras, pero no tenemos un aumento de presupuesto que nos permita hacer crecer la dotación de personal y se lo hemos hecho sentir al interior del gobierno, que esta institución requiere de forma urgente aumentar su dotación.
- ¿Cuál sería la brecha en materia de dotación de funcionarios en Conadi?
- Hoy contamos con 459 funcionarios a contrata y hay instituciones como Fosis que ejecuta un poco más del tercio del presupuesto de Conadi y cuenta con 700 funcionarios, o el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural que tiene un presupuesto similar y cuenta con 1.800 funcionarios. Entonces, hay una brecha y quiero ligar esto con el abandono de la institución que se ha hecho históricamente (…). Tenemos atochamientos por falta de topógrafos o geomensores, de trabajadores sociales y de abogados. Nosotros debiéramos crecer a un 50% de la dotación actual para llegar a los niveles óptimos dada la actual demanda.
- Si para 2023 ya no es posible, ¿existe algún compromiso o plazo futuro para salvar esta brecha?
- Sí, hay un compromiso del Gobierno de ir paulatinamente fortaleciendo la institución y es parte de las líneas de gestión que tenemos en este período.
RESTITUCIÓN
- ¿Cuál fue su rol en la reciente defensa del ministro Jackson? Y ¿en qué quedó la controversia por las compras de "tierras perturbadas" o usurpadas?
- En la acusación contra el ministro había un capítulo completo que correspondía a Conadi y entre los temas que estaban en el libelo acusatorio está que no habíamos ejecutado en fondo de tierras, lo que ya se refutó. La suposición de que había una agenda en materia indígena también se refutó con los anuncios del Presidente en La Araucanía y se reclamó que había un abandono hacia los otros 9 pueblos indígenas lo que contrastamos con la distribución del presupuesto de Conadi. Finalmente, la acusación fue rechazada (…). Ahora, lo de la compra de tierras perturbadas quedó zanjado también. En ninguno de los dos casos particulares que señalaba la acusación los propietarios manifestaron que sus predios estaban siendo perturbados en los distintos pasos que implica el proceso de compra.
- Director, a propósito del proceso y sus etapas, ¿qué pasa hoy una vez que las comunidades reciben tierras?
- La habitabilidad es lo nuevo de este Gobierno. Tenemos que avanzar en la restitución territorial, pero esta debe ir con un acompañamiento en dos etapas; una primera tiene que ver con la habilitación de los predios y, segundo, una etapa para definir un proyecto productivo. La etapa de la habilitación es importante porque hemos constatado que las tierras que entrega Conadi las comunidades tardan 8 años en habitarlas por una serie de dificultades, porque no van acompañadas de infraestructura, camino, servicios básicos o vivienda, entonces, cuando las comunidades tienen que comprar en un territorio distinto a donde son cuesta el traslado. Entonces, debemos apurar para que la habitabilidad de los predios sea en un plazo menor. Y para eso el gobierno ha dicho que a las comunidades que se restituya tierras en adelante irán con este acompañamiento. Este año vamos a apoyar con fondos Conadi en la ayuda para cierres perimetrales. Y dentro del Plan Buen Vivir existe coordinación para que las familias puedan optar a subsidio habitacional. Además, por primera vez en la historia, hay otras instituciones con presupuestos especiales para focalizarlo en comunidades, como la D.O.H., Vialidad y Dirección de Arquitectura del MOP (…).
DEMANDA
- El Presidente anunció la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que entre los objetivos buscará "determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche". ¿Existe alguna suerte de catastro de la demanda de tierras previo del trabajo de esta comisión?
- Hoy es posible determinar la demanda en base a la normativa legal vigente. Ya comenté que tenemos más de 700 comunidades en lista de espera y otras 800 en proceso de aplicabilidad, por lo tanto, uno puede determinar en el mediano plazo cuál es la demanda que habría que restituir si no hubiera modificación legal alguna. El problema es que, hasta ahora, el Estado reconoce a una parte de las tierras indígenas, que son aquellas que reconoció a finales de siglo XIX y principios del XX, que son los títulos de merced, títulos de comisario y otras figuras, pero son reconocimientos posteriores al despojo; y lo que hoy las comunidades demandan es discutir también las tierras antiguas que ocupaba la población mapuche antes de que fuera "reduccionada".
- Y ¿eso es posible de medir y discutir?
- En lo personal, creo que se puede medir, pero la discusión no va por ahí, sino en la medida que exista un acuerdo político entre el Estado y el Pueblo Mapuche que diga cuánto porcentaje de esas tierras antiguas se debiese restituir, y ese debiera ser uno de los objetivos del proceso de diálogo anunciado, de los parlamentos que propone el Gobierno. Yo me quiero detener en lo siguiente, este gobierno está haciendo cosas distintas a otras gestiones, porque el espíritu de esta comisión y el espíritu del proceso de diálogo es que esta sea una comisión de Estado y no de una gestión de turno.
URGEN DAR UN SALTO
- Acerca de la institución, figuras políticas como Francisco Huenchumilla han dicho que está "obsoleta". ¿Cree usted que la Conadi se quedó corta?
- Creo que a todas luces la Conadi ha quedado corta y está superada por la realidad. Es fuerte que lo diga un director nacional de la institución, pero es así. Con las cifras que le acabo de compartir, vamos a llegar casi a 1.500 comunidades en proceso de restitución de tierras, pero hay casi 4 mil comunidades, entonces, esto nos dice que al menos 2 mil comunidades no han iniciado proceso o lo van a iniciar en el corto plazo. Y si uno hace una estimación, al ritmo que compra Conadi y asumiendo que los sucesivos gobiernos compren al mismo ritmo, nos vamos a demorar entre 70 y 80 años en saldar la actual demanda. Estamos claros que el nivel de conflictividad que tenemos hoy y su solución no están para esperar esa cantidad de tiempo, por lo tanto, urgen nuevos mecanismos de restitución que el Estado dote, y que lo acuerde en conjunto con las comunidades mapuche y otros sectores de la sociedad chilena. Entonces, es necesario dar un salto en términos cualitativos y cuantitativos. La Conadi emerge producto de una ley que data de 1993, donde las realidades indígenas eran muy distintas a las que hay 30 años después (…). Estamos lejos de acercarnos a los estándares del Convenio 169 de la OIT.
- ¿Cuáles son sus compromisos para la gestión de 2023?
- Seguir avanzando en el proceso de restitución territorial, acortar al máximo posible la lista de espera existente del 20 b, y fortalecer los instrumentos que tiene Conadi respecto del desarrollo económico, que es fundamental y que va en coherencia con el programa de Gobierno, pero también hay otro tema en el que nos queremos centrar y tiene que ver con desarrollar y poner énfasis en el turismo con identidad (…).
"El compromiso era ejecutar todo el fondo de tierras y superamos el 100%, porque desde hace mucho tiempo la institución no aplicaba la glosa que le permite ejecutar hasta un 10% del año siguiente, y este año aplicamos esa glosa, por lo tanto, llegamos al 113% de ejecución, lo que asciende a 40 mil 27 millones de pesos (5 mil 697 hectáreas)".
"Creo que a todas luces la Conadi ha quedado corta y está superada por la realidad. Es fuerte que lo diga un director nacional de la institución, pero es así. Con las cifras que le acabo de compartir, vamos a llegar casi a 1.500 comunidades en proceso de restitución de tierras, pero hay casi 4 mil comunidades (…)".
"Es necesario dar un salto en términos cualitativos y cuantitativos. La Conadi emerge producto de una ley que data de 1993, donde las realidades indígenas eran muy distintas a las que hay 30 años después (…). Estamos lejos de acercarnos a los estándares del Convenio 169 de la OIT".