La Asociación de Agricultores de Ñuble (ASOÑUBLE), en conjunto con empresas Tresmontes Lucchetti, desarrollaron una campaña de ayuda para apoyar a familias de Ñuble afectadas por las pasadas inundaciones.

Carlos González Mufdi, presidente de la organización gremial, agradeció el aporte de las firmas colaboradoras, lo que se tradujo en 671 kilos de ayuda total.

"Esta es una iniciativa que se enmarca en el plan de ayudas frente a catástrofes y emergencias que la asociación realiza cada vez que es necesario y nos alegramos de poder cooperar con familias que necesitan ayuda y que llega justo en un momento muy complicado", dijo detallando que la altruista acción abarcó las comunas de San Ignacio, El Carmen y Chillán.

Por su parte, el alcalde de San Ignacio, Patricio Suazo, valoró el aporte, precisando que "quiero dar las gracias a ASOÑUBLE por el apoyo prestado a nuestros vecinos que la pasaron mal con la emergencia climática. Estas cajas de alimentos se agradecen mucho porque ayudan a que nuestros vecinos tengan un mejor pasar".

Cabe destacar que la Asociación de Agricultores de Ñuble agrupa a más de 850 agricultores que realizan diversas actividades agrícolas como cultivos tradicionales y no tradicionales, ganadería y lechería, entre otros. Además, realizan permanentemente actividades de vinculación con las comunidades con campañas solidarias, de formación, capacitación y levantamiento de demandas del mundo agrícola, siendo un puente efectivo entre las autoridades y el mundo campesino.

Gran polvareda se levantó durante la semana en el ambiente político, luego que desde Contraloría se informara que las autoridades del actual gobierno no tomaran el curso sobre administración pública y probidad que regularmente se estilaba realizar y que se desarrollaron durante las últimas dos administraciones. .

Consultado al respecto, el diputado Felipe Camaño destacó la importancia de las capacitaciones, pues a su criterio, "es impresentable que quien asume un cargo público no estudie antes las normas que rigen su cargo y mientras más se pueda instruir a una autoridad pública, mejor. Muchas ex autoridades salieron a hablar del tema, ya que tampoco existe una capacitación oficial y los cursos fueron opcionales. Pienso que el gobierno tiene una responsabilidad, pues si nombran una autoridad, lo mínimo que se espera es que esa persona tenga conocimiento de la ley o la conozca cuanto antes".

El legislador sostuvo además que Contraloría no tiene el personal ni las herramientas suficientes para vigilar toda la administración del Estado, por lo que insistió en la necesidad de legislar aquello para que se le asignen más recursos al órgano contralor.

"Nadie puede decir que por no conocer la ley, terminó realizando actos de corrupción. Si una persona no se da cuenta de eso, no merece ostentar un cargo público. Me preocupa que si estas irregularidades ocurren en los ministerios y los subsecretarios alegan inexperiencia, ¿qué ocurrirá entonces en regiones? Hay partidos del Frente Amplio que poseen pocos militantes, los que tomaron cargos sólo por su afiliación política. En esos casos nos podemos preguntar si son las más capacitadas o no, si han tenido algún tipo de orientación o si están siendo capacitadas", indicó.

Moral y ética

Si bien el diputado Frank Sauerbaum subrayó la importancia de que los funcionarios públicos accedan a capacitaciones que les impregnen el debido conocimiento acerca del marco legal que rige el sistema público, hizo una fuerte crítica ante los casos de irregularidad que se han registrado en traspasos directos de fondos públicos.

"Todos quienes tomen decisiones respecto de financiamientos o recursos públicos, tienen que necesariamente conocer los procedimientos para no caer en ilegalidades involuntarias. Sin embargo, también les sugeriría aprenderse los 10 mandamientos porque es fácil conocerlos para saber que no hay que robar ni mentir, que no hay que apropiarse de lo que no es de uno ni enriquecerse con la plata de los más pobres. Es interesante que las nuevas autoridades conozcan la legalidad, pero que tengan un curso previo de ética y moral para que sepan que con los recursos de los más pobres no se juega", puntualizó.

Asimismo, el diputado Cristóbal Martínez argumentó que "no creo que sea necesario realizar un curso o estudio para saber que ningún funcionario debería intentar defraudar al Estado. Lo que hemos conocido hasta ahora es un grave caso de corrupción, reconocido por el propio contralor nacional, por lo que atribuir esta situación a la falta de cursos o experiencia es absolutamente deshonesto y una burla hacia todos los chilenos".