Agresión a funcionarios
Ley agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de establecimientos de salud. En varios servicios de salud se han adoptado medidas, como la contratación y reforzamiento de la presencia de guardias en los establecimientos.
El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la Ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Colegio Médico y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam).
La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones. Las penas que pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. En caso de que la agresión genere una enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, la sanción será de 541 días a cinco años de presidio.
Esta ley ha sido muy importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años.
En varios servicios de salud se han adoptado medidas, como la contratación y reforzamiento de la presencia de guardias en los establecimientos; se cerraron algunos espacios para que los funcionarios estén separados del público; se instalaron vidrios de seguridad en algunos centros ubicados en sectores más críticos, y se colocaron cámaras de seguridad y botones de pánico para alertar en caso de un ataque. Asimismo, se dieron instrucciones a los directores de los recintos asistenciales para que ejecuten las acciones judiciales que corresponda cuando hay ataques a los trabajadores bajo su dependencia.
Cuando se agrede a un funcionario, se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que se provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, que incitan a la renuncia del personal, lo que ocasiona efectos para todo el sistema de atención.