La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, pedirá la recusación de la jueza instructora del caso por el atentado cometido en su contra el pasado 1 de septiembre, María Eugenia Capuchetti, por considerar que "paralizó y boicoteó la investigación".

Según el mensaje publicado ayer en Twitter, las presuntas conexiones entre los responsables materiales del ataque y políticos de la oposición no fueron investigados por la magistrada, pese a que, denuncia, tenía conocimiento de ellas.

"Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti", escribió la exmandataria.

El mensaje incluye un video en el que se vincula a dos de los tres jóvenes procesados y detenidos por el ataque, con integrantes del partido Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), formación de su sucesor en el Ejecutivo, Mauricio Macri.

En concreto, se cita al diputado del PRO Gerardo Milman, mano derecha y encargado de Inteligencia durante la gestión de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien, en una reunión informal, habría dicho, "cuando la maten, yo voy a estar camino de la costa".

El video comenta que "se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo" y, pese a que las dos acompañantes de Milman en esa charla, "iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo", Capuchetti "no tomó ninguna medida para seguir investigando".

Además, recuerda que Milman, quien días antes del atentado, presentó en el Congreso un proyecto de declaración "alertando que un iluminado podría realizar un ataque contra Cristina", aún "no fue citado a declarar en la causa".

"Pese a todo, y tratándose del hecho de violencia más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación", cierra el video.

El diputado mencionado, Gerardo Milman, negó vínculo con el atentado: "Quieren inventar otra historia", afirmó.

Un grupo de parlamentarios alineados con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, pidieron ayer a la Fiscalía General que investigue posibles fraudes en los comicios ganados por el ahora presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

La demanda se apoya en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias de fraudes, pero que según Bolsonaro los propician y pudieran haber ocurrido en las elecciones de octubre pasado.

De acuerdo con la fiscalización realizada por los militares en las urnas los días 2 y 30 de octubre, cuando se celebraron la primera y la segunda vuelta de las elecciones, no fue hallado nada que pueda indicar fraudes, pero tampoco puede afirmarse que no ocurrieron.

Según el Ministerio de Defensa, el informe elaborado por sus técnicos "no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas", pese a que señala su "conformidad" con el resultado de las elecciones.

En tanto, el Tribunal Superior Electoral (TSE), ya puso punto final a las polémicas y garantizó que los comicios fueron "limpios y transparentes".

Agencias

El Gobierno de Perú insistió ayer en pedir al Congreso que le permita presentar una "cuestión de confianza" ante el Congreso que el Legislativo pocas horas antes ya había rechazado por considerar que la solicitud involucra una reforma constitucional. Esta negativa vino a agravar una crisis política que ayer llevó a la Defensoría de Perú a calificar al país en "estado de convulsión social", pues en las calles de Lima y otras ciudades se pudieron ver violentos enfrentamientos entre defensores del Presidente y opositores.

"Reiteramos la solicitud de presentar la cuestión de confianza en la primera sesión del pleno que se convoque", indicó en Twitter la Presidencia del Consejo de Ministros que encabeza el primer ministro Aníbal Torres.

El presidente del Congreso, el opositor José Williams, dijo ayer en una carta que una eventual aceptación de su solicitud implicaría que el Legislativo, altamente fragmentado y dominado por la oposición, "ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes".

En concreto, el primer ministro solicitó que el Parlamento debata y vote un proyecto de ley que presentó el Gobierno para derogar precisamente los temas sobre los cuales puede ser planteada la cuestión de confianza que, de momento, ha sido limitada a competencias exclusivas del Ejecutivo.

Si el Congreso hubiera convocado a Torres y rechazado su planteamiento, el Gobierno de Pedro Castillo habría tenido que reformar su gabinete y, ante un posible segundo voto de confianza negado, el mandatario estaría facultado a cerrar el Parlamento, como hizo en 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra.

Tras recibir la respuesta de Williams, Torres afirmó que en su país hay "una dictadura del Congreso", que está haciendo "mucho daño" y aseguró que "no es facultad exclusiva" de los parlamentarios plantear "una iniciativa legislativa".

Por ese motivo, Torres envió un oficio a Williams, para insistir en su pedido "en aras del respeto al Estado Constitucional de Derecho, la institucionalidad democrática y la separación de poderes".

Posteriormente, Williams señaló a la prensa que "el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República, pretende cerrarlo, está declarando un enfrentamiento y le está haciendo daño a la nación".

El ministro de Justicia, Félix Chero, llamó a la "tranquilidad" y negó que el Gobierno de Castillo pretenda cerrar el Congreso como lo denunció el presidente del Parlamento.

"El término de cerrar el Congreso no existe. Debemos dejar que este poder del Estado cumpla su rol", mencionó.

Toma de lima

En medio de la compleja situación política que vive el país, miles de manifestantes participaron durante la tarde de ayer de la marcha autodenominada 'Toma de Lima', en favor del gobierno, que concentró a movimientos sociales, políticos y sindicales para expresar su rechazo a la actuación del Congreso y para pedir su cierre.

Asimismo, exigen una nueva Constitución y rechazan la nueva moción de vacancia (destitución) que varios parlamentarios conservadores están preparando contra el mandatario, quien afronta dos acusaciones constitucionales en el Congreso, una por presunta traición a la patria y otra por supuestamente liderar una organización criminal.

Los manifestantes, que se desplegaron por el centro de la capital, se encontraron con un cerco policial que bloqueó las calles de acceso al Legislativo y fueron reprimidos con gases lacrimógenos. Al cierre de esta edición, había un número indeterminado de detenidos y se producían enfrentamientos entre defensores y detractores de Castillo en varias ciudades.

"HAY CORRUPCión"

La defensora del pueblo de Perú en funciones, Eliana Revollar, indicó que la nación está viviendo "un escenario de convulsión, está bajo ataque la institucionalidad en el país, debe haber un respeto por la separación de poderes, ya que son organismos autónomos".

En Perú están ocurriendo "actos gravísimos de corrupción", agregó y mencionó que "las políticas públicas y la gobernanza están bajo ataque, no hay una dirección hacia una adecuada gestión. La Constitución señala que todo el Estado es responsable de defender los derechos humanos, la ciudadanía pide más democracia y menos autoritarismo".

"El Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República, pretende cerrarlo".

José Williams, Presidente del Congreso

"El término de cerrar el Congreso no existe. Debemos dejar que este poder del Estado cumpla su rol". Félix Chero Ministro de Justicia